El pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que está conformado por una veintena de magistrados, se reunió ayer para debatir sobre el carácter público de las empresas que se financian gracias al erario, aunque también reciben capital de socios privados. El resultado, que se hará público próximamente, será importante de cara a la revisión de la sentencia del caso pagarés de Plaza por el que fueron condenados a cuatro años de prisión por malversación el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias.
La Audiencia de Zaragoza les hizo responsables de la malversación de 8,7 millones de euros en una operación inmobiliaria de la que se benefició Agapito. Las defensas alegan que no es una sociedad pública, mientras que la DGA sí la considera pública.
