El litigio entre Aragón y Cataluña por la propiedad de los bienes del monasterio de Sijena quedó ayer visto para sentencia, tras un tenso juicio en el que ambas partes se enfrentaron sobre la licitud de los contratos de venta de las obras de arte sacro a la Generalitat de Cataluña.

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, los abogados del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Sijena insistieron en la nulidad de los contratos entre la orden de las monjas Sanjuanistas y el Ejecutivo catalán, ya que se efectuaron sin informar a las administraciones competentes a pesar de que formaban parte de un monumento nacional.

Según estos letrados, que reclamaron el regreso de las 97 piezas reclamadas, el contrato efectuado en 1983 se formalizó sin informar al Ministerio de Cultura, y los de 1992 y 1994 sin dar cuenta al Gobierno aragonés, que ostentaba entonces ya las competencias sobre patrimonio.

Los letrados se apoyaron en el testimonio del catedrático de historia medieval y miembro de la Real Academia de Historia José Ángel Sesma, para quien un monumento nacional no son solo las "paredes", sino todas las piezas que contiene

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, apuntó que la realidad de esta operación se ocultó al Vaticano al no informar de que se trataba de bienes "indivisibles" procedentes de un monumento nacional, y que, incluso, se trató de una "simulación" al no constar documentos referidos al pago.

Por su parte, los letrados de la Generalitat y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) defendieron la legitimidad de los contratos tras afirmar que las piezas no eran bienes inmuebles y podían ser desgajadas del conjunto para su venta a una Administración como la catalana.

"Desde 1936, según el abogado del MNAC, hubo actividad en Cataluña dirigida a la conservación y difusión de estos bienes, primero en depósito y luego mediante compra. "Llevamos 80 años preocupados por estos bienes y se nos dice ahora, en el 2014, que no es así", afirmó.

Esta afirmación provocó el enfado del alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, y de algunos vecinos de la población asistentes al juicio. Un enfado que había sido canalizado previamente por el letrado del municipio al afirmar que la operación se llevó a cabo en "secreto" con la finalidad de "despojar" al monasterio de sus bienes.