Zaragoza agiliza obras con declaración responsable, salvo en zonas saturadas

Esto, por tanto, no afectará a las declaraciones responsables para la apertura de nuevos establecimientos en las zonas saturadas, para lo que a partir de que se modifique la ordenanza se exigirá licencia de actividad.

Muñoz ha relatado en rueda de prensa cómo "algunos hosteleros concretos de algunas zonas concretas" utilizaban de forma "picaresca" la declaración responsable por su agilidad y entraban en "fraude de ley", al dilatar los procesos y comenzar de nuevo en otro local próximo, y así sucesivamente.

También como respuesta a reivindicaciones y demandas sociales, el Gobierno de Zaragoza planteará la agilización del urbanismo en la ciudad permitiendo que ciertas obras solo requieran de la declaración responsable y no de una licencia, por la "tardanza" en la concesión de estas últimas.

A su juicio, esto va a suponer una "pequeña revolución en el sector" y generará un "nuevo sistema de urbanismo".

Así, con esta modificación de la MIAU se podrán acometer únicamente mediante declaración responsable obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial ni público y se desarrollen en un único piso, además de obras mayores de ampliación, reforma o demolición de edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior.

La modificación de la ordenanza también incluye la demolición parcial de edificios que no precisen de informe de comisiones de patrimonio cultural, obras mayores de acondicionamiento interior de edificios o locales que no afecten al número de viviendas ni al conjunto del sistema estructural, renovación de instalaciones, primera ocupación de edificaciones de nueva planta y casas prefabricadas, talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o paisajes protegidos y cerramiento de balcones o terrazas.

Según el procedimiento que marca la Ley de Capitalidad, esta modificación será elevada al próximo Gobierno de la ciudad, de ahí pasará a la exposición pública en agosto y septiembre y, finalmente, se llevará a la Comisión para su aprobación definitiva.

Por otro lado, el consejero ha dado cuenta de varios expedientes que llevará a la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad del próximo 25 de julio, como la concesión de la licencia al Gobierno de Aragón para las obras de remodelación en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

El Gobierno de Zaragoza, no obstante, condiciona esta licencia a que la DGA comunique el inicio de los trabajos y si modifica algo en las zonas susceptibles de reversión, ya que el Consistorio reclama parte del terreno.

El orden del día también incluirá otros dos expedientes en los que el Ayuntamiento le cede al Gobierno de Aragón distintas parcelas para uso educativo.

Una de ellas es para dar solución a las demandas de los padres y madres del colegio Ricardo Mur de Casetas, donde ha aparecido una sima que podría afectar al edificio, aunque los técnicos de ninguna de las dos instituciones ha detectado que sea grave.

La solución será la construcción de un nuevo colegio en otro terreno, para lo que el Gobierno autonómico ha pedido una parcela municipal de 4.776 metros cuadrados en la que se ubica una zona verde.

Dado que, por ley, cuando se elimina una parcela de zona verde, hay que crear otra equivalente, el acuerdo alcanzado plantea la cesión del terreno que ocupa el actual centro educativo para que pase a ese nuevo uso.

Sin embargo, ambas instituciones no han llegado a un acuerdo para la contraprestación para el Ayuntamiento por la cesión de suelo municipal para un nuevo instituto en el barrio del Picarral, aunque se llevará la licencia también a la próxima comisión porque entienden la necesidad de este equipamiento y para que las obras comiencen en verano.

Por todo ello, ha lamentado la relación actual con el Ejecutivo autonómico en lo relativo a los suelos patrimoniales, que ha asegurado que es "bastante crítica", de lo que ha responsabilizado al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.

"Yo lo exijo todo, lo fuerzo por la vía de los hechos y luego no entrego nada", es como ha descrito Muñoz el "modus operandi" de la DGA en lo relativo a los suelos patrimoniales.