El PP no logró ayer sacar adelante ninguna de las cuatro propuestas que presentó en el pleno extraordinario destinado a analizar la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza. Solo contó con el apoyo de Ciudadanos (C's), ZeC, PSOE y CHA se unieron en bloque y tumbaron la posibilidad de que el consistorio elabore un nuevo plan de ajuste adaptado a la situación presente y otro de reducción de la deuda.
Los 110 millones de obligaciones pendientes, más los 74 de Zaragoza Alta Velocidad y los 183 del tranvía, han cambiado el panorama económico. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, insiste en que no computan como deuda ni los pagos de la sociedad ni del Urbos 3 --el Banco de España lo está estudiando--, pero el portavoz popular, Eloy Suárez, advirtió al Gobierno de la ciudad que acabará haciéndolo y, entonces, se verán en la obligación de "rehacer el plan de ajuste".
En un pleno en el que se esperaba que Rivarés explicara las medidas que se van a tomar para afrontar la deuda y en el que se repitieron los mismos reproches del último mes, el portavoz del PSOE, Javier Trivez, explicó que el consistorio no puede solicitar un nuevo plan de ajuste porque ya hay uno en marcha que se está cumpliendo. "Sería un disparate", recalcó. Desde Chunta, Carmelo Asensio insinuó la posibilidad de replantearlo y adaptarlo a la situación actual.
Una idea similar a la de la portavoz de C's, Sara Fernández, que apuntó que el programa estaba "obsoleto". Rivarés insistió en que se está cumpliendo con los objetivos y las exigencias y que "es posible que nos salgamos pronto, en unos meses" --en principio finaliza en el 2022--. "Cómo vamos a meternos en un berenjenal suicida que nos asfixie más si no sabemos cómo van a ser las ordenanzas fiscales, los presupuestos del 2016 ni cuánto dinero vamos a recibir del Fondo de Inversión Local", apuntó.
Tampoco salió adelante la opción de que la Cámara de Cuentas fiscalice los años 2012, 2013, 2014 y 2015 con los votos en contra de ZeC, PSOE y CHA y la abstención, en este caso, de C's. Rivarés cuestionó la tardanza de este organismo en analizar y emitir los informes. "A lo mejor ustedes --en referencia al PP-- se conforman con recibir un documento del estado de las cuentas del 2015 en el 2023", señaló. El PP insistió en que el informe económico-financiero no refleja la realidad. El portavoz popular, Jorge Azcón, criticó que solo analiza los capítulo 2 y 6 y aquellas partidas superiores a 600.000 euros. Denunció que hay una deuda de "28,5 millones" que no están reflejados en el texto por aplicar esta restricción y acusó a ZeC de no haber realizado una auditoría para no desenmascarar la gestión del PSOE.
