El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se encuentra ahora en un peligroso callejón sin salida con Averly. Por mantener su apuesta política de evitar la demolición de las naves no catalogadas de la fundición pese a que los informes jurídicos municipales hayan manifestado que ya no hay razón para mantener la suspensión cautelar de la licencia de derribo, y la aprobación del plan especial para levantar 200 pisos en esos suelos. Y de que ayer le obligara a que ambos expedientes siguieran su tramitación. Ayer centró el principal debate en la Gerencia de Urbanismo, con una oposición que alerta a su responsable, el edil Pablo Muñoz, del riesgo de que la ciudad acabe pagando un precio alto por su bloqueo, y con el PP acusándole de "abocar a los concejales y técnicos a prevaricar".

Muñoz sostuvo que cumplirá la ley y apeló a tres "posibles soluciones" a esta situación: que se llegue a un acuerdo con la promotora, Brial, para la permuta por otros suelos, una opción que "está lejos"; o que la DGA acceda a revisar la catalogación del inmueble y la amplíe; o que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acabe sentenciando que la protección del inmueble es incorrecta, pero que si esta se produce puede ser tarde si el consistorio concede la licencia.

El concejal de ZeC se acogió al único resquicio que dejan los servicios jurídicos: que levantar la suspensión no implica la concesión de la licencia porque, según explica, hay una máquina de vapor en una nave no catalogada que podría resultar dañada en su traslado, al que Brial está obligada antes del derribo y que Patrimonio, según Muñoz, debe decir si corre el riesgo de resultar dañado. Pero los conservadores le dijeron que ya basta. "Si no trae el expediente en la próxima Gerencia hablaremos de otra forma", le dijo Pedro Navarro, que lamentó que haga causa política de este "empeño del alcalde".

CHA, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron hasta en la votación para dar el visto bueno a los informes. No sin antes avisarle a Muñoz de que "tenga cuidado con su osadía", le dijo la socialista Lola Ranera.

Desde la DGA, en declaraciones a este diario, el director general de Cultura, Nacho Escuín, manifestó que estudiará "la ampliación de la catalogación de Averly si el ayuntamiento lo solicita", algo que aún no ha hecho. "Pero tendrá que explicar qué quiere proteger y estamos esperando a que lo hagan", apuntó. Admitió, además, que el patrimonio industrial le "interesa muchísimo", pero "dentro de la normalidad y de lo que sea asumible hacer". Si el coste supone renunciar al gasto en políticas sociales, en la cultura o la educación, entonces no", concluyó.