Lamentablemente la entrada en un concurso de acreedores supone, en la gran mayoría de los casos, el fin de la empresa. Aunque esta herramienta jurídica está pensada para beneficiar a las compañías que pasan por dificultades y propiciar su continuidad, la realidad es que en muy pocos casos hay un final feliz, según reflejan las estadísticas. De hecho, solo el 5% de las que entran en concurso logra firmar un convenio con sus acreedores, un acuerdo con el que se evita la liquidación. El resto van directamente a la disolución y ni siquiera muchas de las empresas de ese privilegiado 5% logran con el tiempo sobrevivir. Esto revela un fracaso de la norma que se puso en marcha en el 2003, según los expertos consultados.
Esta triste realidad es la que tratan de cambiar los cerca de 200 profesionales de la Economía y el Derecho que participan en las Jornadas Concursales 2013, que se celebran entre ayer y hoy en el Salón de Actos de la Caja Inmaculada (CAI) bajo la organización de tres colegios profesionales de Aragón: el de Economistas, el de Titulados Mercantiles y Empresariales y el de Abogados de Zaragoza.
"Los procesos concursales resultan largos y la firma de un convenio no siempre significa la salvación", explicó ayer Antonio Envid, presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón. Lamentó también que las empresas "acuden muy tarde" al concurso. "Debería de hacerlo en el momento que sospecharan que son insolventes", agregó.
La firma de un convenio con los acreedores, además de ser una vía minoritaria, es cada vez menos ansiada por las empresas. "Últimamente casi todas las que legan al juzgado piden directamente su liquidación, más que antes", destacó Envid.
"LA GRAN ESPERANZA"
Ante este panorama, los expertos apuestan por alternativas que favorezcan la continuidad --aunque sea parcial-- de una empresa en concurso. Una de las vías que se quiere impulsar --que centrará hoy una ponencia de las jornadas-- es la venta de la unidad productiva de una firma concursada dentro de la fase de liquidación. "Puede ser una solución más óptima que la del convenio para conservar parte del negocio y paliar el coste social que provoca el cierre de la empresa", apuntó ayer Carlos Terreu, tesorero del Colegio de Economistas de Aragón. Aunque no es tampoco una fórmula fácil, consideró que es la "gran esperanza para salvar negocios viables".
