La fusión de Bankia y BMN (Banco Mare Nostrum), los dos bancos que quedan en poder del Estado, lleva sobre la mesa del Gobierno desde hace más de un año, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó el pasado abril. Pero no fue hasta ayer que el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), dependiente de su departamento, ha dado el primer paso oficial para que el proyecto se convierta en realidad, al acordar la contratación de asesores externos para estudiar la unión y «otras posibles alternativas» (la venta de BMN a otro banco, básicamente).

En realidad, la fusión está ya muy estudiada y es la opción favorita del Ejecutivo. «El FROB tiene preparado todo el análisis de una posible fusión de Bankia y BMN», aseguró hace unos días Guindos en una entrevista en Abc. Pero hay dos problemas. El primero es que la operación no puede ser aprobada por un Gobierno en funciones. Y el segundo y más relevante, apuntan fuentes de la Administración, que habrá que mantener una «difícil» negociación con la Comisión Europea, que ya ha dejado claro que prefiere una privatización rápida aunque con grandes pérdidas (como se hizo con Catalunya Caixa y Nova Galicia Banco) que esperar para recuperar el máximo dinero posible.

El problema de fondo es que BMN tiene muy difícil devolver los 1.645 millones de euros en ayudas en el plazo fijado por Bruselas para privatizarla (finales del 2017) y tiene un nivel bajo de rentabilidad y de provisiones. A Bankia le interesa, porque le daría presencia en nuevos mercados (Baleares, Granada y Murcia) y las redes de oficinas apenas se solapan (el ajuste de plantilla sería limitado y básicamente en los servicios centrales), lo que entiende que le factilitaría devolver sus ayudas (22.424 millones de euros).

Así las cosas, lo que decidió ayer el FROB es iniciar los pasos legales necesarios para adelantar trabajo al nuevo Gobierno, que probablemente también apueste por la fusión (los cuatro grandes partidos la apoyan, aunque Podemos para crear un gran banco público).

Obstáculos / Los plazos apremian: salvo que Bruselas acepte cambiarlo, Bankia no puede hacer ninguna compra antes de junio del año que viene ni puede superar un tamaño de 240.000 millones de activo (que sobrepasaría con BMN) antes del final del 2017, justo el plazo en que BMN debe ser privatizada.

Hay otro obstáculo imporante para que la operación consiga ver la luz: el precio. Bankia tiene accionistas minoritarios (35% del capital total), a parte del Estado, y solo está dispuesta a pagar por BMN un precio de mercado, una vez analizado el estado real de su balance y comprobado que no esconde sorpresas desagradables, aunque esté por debajo de las ayudas que recibió la entidad. H