El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha considerado este martes que si ha habido delito fiscal en las obras de la sede nacional del PP, éste correspondería "a los arquitectos que estaban al servicio de la obra", que son los que testaron y organizaron la misma.
Ferre, que ha pronunciado una conferencia en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Foro Aragonex, ha respondido así a la pregunta sobre quién debe asumir la responsabilidad por los presuntos delitos fiscales detectados en las obras de la sede nacional del PP. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones como perjudicada por los delitos fiscales detectados en las obras de la sede nacional del PP.
"El trabajo es de los funcionarios de la Agencia Tributaria en colaboración con el poder judicial, que actúa con independencia", ha precisado Ferre antes de añadir que éste asunto le interesa "como español en general y poco más". Tras insistir en que "los funcionarios trabajan con plena independencia para el juez", ha señalado que "el presunto delito fiscal corresponde a los arquitectos que estaban al servicio de la obra".
CRÍTICAS DEL PSOE
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ve una "paradoja" que la Agencia Tributaria, dependiente de Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, pida "explicaciones" al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, por un supuesto delito fiscal en las obras de la sede del PP. En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando se refería así a esa decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de ofrecer a la Agencia Tributaria la posibilidad de emprender acciones como perjudicada por los delitos fiscales detectados en el pago de las obras en sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. "Que se aclaren entre ellos", ha bromeado Hernando.
El juez Ruz adoptó esta decisión tras recibir el informe de Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria que analiza la documentación correspondiente a trabajos y obras ejecutados por Unifica Servicios Integrales, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP.
