Fusión de municipios, un debate artificial

Para empezar mi exposición diré que el debate sobre la supresión o fusión de los municipios pequeños me parece un debate artificial y falso. Siguiendo una idea del Dr. Francisco Velasco Caballero (Director del IDL-UAM), la Constitución contiene tres criterios generales que guían la estructura de la planta local: el principio de eficacia-eficiencia de todas las Administraciones públicas y del gasto público en general, el principio democrático y el principio de centralidad del municipio en la planta local. Y aplicando la "regla de prevalencia condicionada" para armonizar varios principios conflictivos entre si, termina diciendo que una eventual reducción del número de municipios sólo sería constitucionalmente justificable si supusiera una notable reducción del gasto público y supusiera al tiempo un moderado o limitado sacrificio en el principio democrático y en el principio de centralidad municipal. Perdón por una cita tan larga pero fundamental en esta cuestión.

Prácticamente no hay estudios que informen con precisión el coste real de los municipios en España. Y el concepto de eficiencia es muy relativo y se podría aplicar también a las autonomías, a los ministerios, al Parlamento, a las grandes ciudades, a cualquier organismo público-, con notas más que dudosas. Y si acudimos al análisis comparado, no solo hay que fijarse en Grecia, que ha fusionado municipios; también en Francia, que tiene 38.000 municipios, con unos servicios espléndidos y envidiables, y que nadie plantea su fusión o desaparición.

Las decisiones sobre la planta local en España no pueden derivar de un simple análisis de costes, aunque fuese muy importante, lo que es más que dudoso. Además, si se diese una fusión de municipios, sería más formal que real, ya que los caseríos y núcleos materiales de los pueblos se mantendrían como núcleos aislados, con las mismas necesidades anteriores, aunque hubiese formalmente un solo ayuntamiento para varios núcleos. Esto sucede, por ejemplo, en Ejea y sus ocho barrios-pueblos, a una distancia entre 4 y 20 kilómetros del núcleo principal. Y en Zaragoza, con la gran ciudad y sus catorce barrios administrativos, que son auténticos pueblos, y no pequeños.

Es ésta una cuestión compleja y muy sensible. Todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, quieren existir, pero sus habitantes también quieren tener servicios de calidad, sin ser discriminados por razones residenciales, pues son tan ciudadanos y pagan los mismos impuestos que los que habitan en las ciudades. El núcleo del problema es cómo dar una calidad de vida a los habitantes de los pueblos pequeños, cuyos ayuntamientos no tienen capacidad técnica ni económica para ofrecerla. Este es el papel de las diputaciones provinciales, que lo han ejercido desde el siglo XIX, sin ningún tipo de disfunciones importantes. Los ayuntamientos de menor población que no pueden ejercer sus competencias por incapacidad técnica y económica manifiesta, requieren una gestión de ámbito supramunicipal. Esta fórmula ha funcionado en España de manera plena, sin quiebra de la sostenibilidad económica, social y territorial. Solo se ha empezado a cuestionar últimamente, pero por razones partidarias más que reales. Que una diputación provincial tenga amplios márgenes de mejora gestora no invalida que su función esté más que contrastada.

A juicio de la Federación Española de Municipios (FEMP), las diputaciones pueden asumir ese papel de administración común en los municipios de dudosa viabilidad en aquellas competencias que no pueden ser ejercidas por ellos mismos. En Aragón, con la existencia de las comarcas hay problemas de duplicidades y confusionismo en esta cuestión de la supramunicipalidad. De hecho, el PAR ya se ha opuesto al traspaso de competencias a las diputaciones, tal como ha propuesto la FEMP. Postura lógica en un partido que se ha inventado las comarcas como elemento de su propia supervivencia política.

Como este asunto va a dar mucho de sí, de momento queda planteado. Seguiremos informando. Profesor de Filosofía