El Gobierno valenciano ha reclamado sin ningún pudor el trasvase del Ebro en múltiples foros desde hace dos décadas. Pero nunca lo había hecho en un escenario tan inoportuno como el de ayer: en tierras aragonesas y ante casi un millar de regantes altoaragoneses. Fue la consejera de Agricultura y Agua del Ejecutivo levantino, Maritina Hernández, quien defendió la postura valenciana, compartida con los Ejecutivos de Murcia y los dirigentes populares de Almería. "Desde la Comunitat Valenciana vamos a seguir defendiendo que en ese escenario se contemplen los trasvases como una solución orientada al auxilio hídrico de las cuencas excedentarias hacia otras deficitarias, siempre que resulte medioambiental y económicamente sostenible, y se aseguren los usos presentes y futuros en la cuenca cedente", indicó.
PACTO DEL AGUA Maritina Hernández aclaró que desde la Comunidad Valenciana nunca se han opuesto al cumplimiento del Pacto del Agua en Aragón, o al desarrollo de los planes de regadíos en Navarra o Cataluña: "No solo no nos oponemos, lo hemos apoyado firmemente desde 1998 porque siempre hemos defendido que para plantear transferencias de caudales sobrantes primero hay que garantizar el derecho de las personas que viven en cada cuenca para aprovechar los recursos disponibles para impulsar su propio desarrollo, así como los caudales ecológicos".
La presidenta de Aragón, en las mismas jornadas en las que intervino la consejera valenciana, reiteró no obstante su oposición rotunda al trasvase del Ebro. Así lo indicó durante su intervención. Rudi indicó que la reserva hídrica para uso exclusivo de los aragoneses, la fijación de unos caudales ambientales que permitan compatibilizar distintos intereses, tanto económicos como ambientales y el rechazo a cualquier trasvase del Ebro, son "la trilogía fundamental de la política sobre el agua" del Ejecutivo autonómico, que está sustentado además en un pacto que incluye este rechazo.
Aunque nadie del Gobierno aragonés quiso opinar sobre las declaraciones de un dirigente que pertenece a otra comunidad autónoma, la discrepancia en esta cuestión respecto al Ejecutivo valenciano es absoluta.
