Los gastos de personal superan fácilmente el 60% de los costes que genera cualquier servicio. Los trabajadores que lo prestan, sus sueldos, cada vez representan un porcentaje mayor porque la única vía posible para la Administración para abaratarlos sin cercenar derechos es ahorrar en todo lo que no tenga que ver con el personal. Y eliminar puestos de trabajo, o no cubrir las vacantes que se crean --por jubilaciones, bajas o vacaciones-- repercute en la calidad del servicio que se ofrece. Así que tocar esta pata del sostenimiento económico de los mismos solo se puede traducir en el empeoramiento de la prestación o en recortes.

Por eso el capítulo de Personal en los presupuestos de la Administración solo baja si hay despidos o si, como hizo el Gobierno central, reduce su salario o les arrebata una paga extra. En este año, la extra del 2012 se les debía devolver y el sueldo aumentar un 1%. Así que sube de forma generalizada. Y, para no perder calidad de los servicios, se hace a costa de reducir la inversión, que ha descendido de la misma manera en las cuentas de municipios y comunidades autónomas.

Aumentar las plantillas de las diferentes administraciones elevará el gasto público. ¿A costa de las inversiones futuras? Los salarios de los empleados públicos no son el motivo de que esta se reduzca, tampoco de que suban los impuestos a los ciudadanos ni de que se le recorten los servicios públicos, pero la Administración lucha por ser viable, reducir su nivel de endeudamiento actual y además ajustar el gasto anual a los recursos de los que dispone. Y si un capítulo del presupuesto sube, otros bajarán: ¿dónde poner el foco?

En casos como el de los ayuntamientos, las medidas drásticas que castigaron a sus funcionarios ahorraron mucho dinero a las arcas municipales. Ahora que se recupera el gasto, baja la inversión en infraestructuras.