La Abogacía del Estado ha denunciado ante la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa una serie de operaciones que considera perjudiciales para el patrimonio del Real Zaragoza SAD. Su montante supera los treinta millones de euros y algunas de ellas se produjeron en los meses --incluso semanas-- anteriores a la declaración de concurso de acreedores de la compañía deportiva que controla Agapito Iglesias.

La representación del Estado, que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, llega a afirmar, en un duro escrito presentado hace unos días en el juzgado, que alguna de esas operaciones ha servido únicamente para descapitalizar el Real Zaragoza SAD.

Llega a esa conclusión en la enajenación de las oficinas de la plaza Eduardo Ibarra, una llamativa operación en la que Ibercaja --a través de su inmobiliaria Cerro Murillo-- se quedó el año pasado por más de 25 millones --perdonó 20 de su hipoteca y quitó cinco más-- el mismo edificio que en 1997 le había vendido por 8,9 al Real Zaragoza y que este le traspasó en el 2008 a su filial Zaragoza Real Estate por un valor de 28. El aumento de la valoración se basó en la recalificación del edificio --de equipamiento a residencial-- que el ayuntamiento aprobó en el 2006 y cuya legalidad esta pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia.

PERJUICIO Hacienda considera que esta operación inmobiliaria, cerrada tan solo tres meses antes de que el Real Zaragoza SAD instara la declaración de insolvencia, provocó un perjuicio grave al patrimonio del grupo empresarial que tiene como matriz a la compañía deportiva.

Otras de las operaciones inmobiliarias cuya resolución insta la Agencia Tributaria son la de la famosa finca de La Almunia, adquirida a finales de marzo del año pasado por Zaragoza Real Estate con fondos de Real Zaragoza SAD --1,125 millones más 1,825 comprometidos en pagarés-- a una sociedad que dirige Javier Bazaco, ejecutivo de la máxima confianza del constructor soriano.

La tercera --cuya existencia adelantó EL PERIÓDICO, como la anterior-- es la subrogación, con 500.000 euros procedentes del traspaso de Sergio García, en la opción de compra de un chalet de lujo en Pozuelo de Alarcón cuyo vendedor es Stalia Real Estate, empresa de la que Iglesias es consejero. Cuesta tres millones de los que restan por pagar 1,7.

Por último, la Abogacía del Estado pide rescindir varios traspasos patrimoniales efectuados entre Real Zaragoza SAD y Zaragoza Real Estate.

FIGURA El abogado del Estado pide a la magistrada que declare "acciones de reintegro" sobre todas esas operaciones. Esta figura jurídica permite revocar "los actos perjudiciales para la masa activa" de una empresa concursada, es decir, las reducciones de patrimonio que dañen su viabilidad.

Su aplicación conllevaría que el Zaragoza recuperaría las oficinas y varios millones en pagarés al tiempo que perdería sus derechos sobre la finca de La Almunia y el chalet de Pozuelo. Su activo y su pasivo --en el que Ibercaja volvería a ser uno de sus principales acreedores-- cambiarían de volumen con el efecto inmediato de convertir en papel mojado la propuesta anticipada de convenio en la que el equipo de Iglesias basa sus planes de futuro. Y el aplazamiento de pago con Hacienda --más de 30 millones-- se quedaría en agua de borrajas al perder la empresa del soriano los inmuebles que afianzan ese acuerdo.