Las cuentas autonómicas que se aprobaron ayer tendrán que ejecutarse en un plazo de siete meses. Gran parte de los partidos de la oposición reclamó «rigor» al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, para que en su desarrollo puedan cumplirse las partidas prometidas. No será fácil, aunque el Gobierno de Aragón haya insistido en que gran parte de los trámites previos ya se han agilizado.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Martínez, desconfió de las promesas oficiales y avanzó que el presupuesto no podrá ejecutarse ni aplicarse en su totalidad. Criticó especialmente la falta de previsión en relación a la educació concertada y avanzó que en los próximos meses será necesario aprobar una nueva modificación presupuestaria como la que en el pasado ejercicio apoyaron los partidos del centro-derecha. «Volverán a necesitar el respaldo de los diputados que ahora votarán en contra», aseguró.
También vaticinó que las actuales cuentas, «tristes y preocupantes», corren el riesgo de ser repetidas el próximo año. «Será muy raro que dentro de cinco meses empiecen a negociar de nuevo en los mismo términos», indicó.
Por parte del PAR la valoración sobre la posible ejecución de las cifras también fue negativa. La diputada Elena Allué criticó que su aplicación estará lastrada por la «inestabilidad» y la «falta de sintonía» de los socios. Además, manifestó su intención de impulsar en menos de quince días un informe en el que se detallen las consecuencias que la prórroga de cinco meses ha provocado en todos los aragoneses. «Multitud de iniciativas y de convocatorias públicas van a dormir el sueño de los justos», aseguró.
Por parte del PP el diputado Antonio Suárez recordó que el proyecto aprobado no incluye la habitual ley de acompañamiento que regula los ingresos. «Estos presupuestos se han montado sobre una carga fiscal desproporcionada y además ustedes mismos son conscientes de que no van a tener tiempo material para ejecutarlos en su totalidad», lamentó.
