La investigación por presunta corrupción urbanística en La Muela que ha culminado con la detención de la alcaldesa, María Victoria Pinilla, junto a otras 17 personas, incluidos familiares suyos, empresarios, un concejal, técnicos municipales y hasta el escolta de un consejero de la DGA, arroja importantes sospechas sobre las prácticas con las que se ha gobernado el municipio zaragozano en los últimos años. Sin presuponer las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los implicados por el juez en esta alambicada red, a nadie se escapa que las recalificaciones a la carta, la creación de un entramado de empresas públicas con intereses urbanísticos o la opacidad en el ejercicio administrativo eran práctica habitual en un ayuntamiento gobernado por esta militante del PAR desde hace 22 años. Por no citar algunas prácticas populistas, como la promoción de viajes baratos a destinos exóticos, que contentaban a una parte de los vecinos y proyectaban una imagen exterior de opulencia y oropel en contraste con un Aragón de normal serio, austero y discreto.
El esplendor de una villa con un crecimiento inusitado y hasta envidiado en otros municipios aragoneses escondía unos indicios de irregularidades que, no obstante, no habían pasado desapercibidos a la opinión pública. Desde la primera etapa de Pinilla al frente del ayuntamiento afloraron casos que llegaron a movilizar al Tribunal de Cuentas o al Justicia de Aragón, como el agujero millonario denunciado en estas mismas páginas hace nada menos que 15 años, producido en la subasta de unos suelos municipales que no llegaron a cobrarse totalmente y que acabaron en manos de los bancos. O como la más reciente reclasificación de terrenos suyos y de sus familiares en plena expansión urbanística del pueblo, arrojando un evidente mejoramiento de su patrimonio. Corresponderá a la justicia determinar si alguna de estas prácticas ha conllevado la comisión de delitos, pero nadie mínimamente informado puede mostrar a estas alturas sorpresa ante las pesquisas judiciales. Entendiendo la prudencia del PAR, cabe exigir de la formación que gobierna no solo en La Muela sino en todas las instituciones importantes de Aragón una actuación decidida que vaya más allá de las lacónicas declaraciones de su presidente, José Ángel Biel, aludiendo a la separación de poderes y al respeto a la Justicia para no emitir juicio alguno al respecto. Es absurdo pensar que más de cien policías se desplazan a La Muela sin unos indicios claros tras una investigación que se ha prolongado durante más de un año con recopilación de documentos, escuchas y seguimientos.
