Indignados, pero dispuestos más que nunca a recalificar La Romareda. Así se mostraron ayer el PP y el PAR en el Ayuntamiento de Zaragoza tras confirmarse la decisión de la DGA de paralizar la operación y devolver el expediente al consistorio por no estar debidamente justificado. La suspensión del proceso fue adoptada casi por unanimidad de la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), que apoyó el informe del departamento autonómico de Urbanismo que reclama más documentación y aclaraciones al consistorio para poder adoptar una resolución definitiva.

Populares y aragonesistas quisieron entender el fallo, que calificaron de "lamentable" e "inconsistente", como un revés temporal y mostraron su voluntad de facilitar de inmediato todas las aclaraciones necesarias para que se dé el visto bueno definitivo a la recalificación. Por ello, reclamaron "cordura" a la DGA y advirtieron que la Ley del Suelo proclama la "autonomía" municipal en modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Velasco, señaló que se ha devuelto el expediente porque no se podía hacer otra cosa, ya que la operación se apoyaba en un memoria de "siete folios". Asa justificación fue considerada "muy débil" para transformar un equipamiento en un solar para 888 pisos de lujo. Su opinión fue apoyada por 16 de los 18 miembros que asistieron al COTA, que cuenta con representación de las principales instituciones, sindicatos y empresarios. Los miembros de las consejerías del PAR también lo avalaron.

NUMEROSAS LAGUNAS El documento oficial no deja lugar a dudas de las "carencias": faltan el estudio económico, el de alternativas de usos y ordenación y el de tráfico, accesibilidad y aparcamientos, un análisis de las necesidades de servicios del barrio y planos de los equipamientos y de la estructura de la ciudad con sus instalaciones.

Por si fuera poco, el documento da un varapalo al equipo municipal al considerar que la "coherencia" de la recalificación no está debidamente justificada, sobre todo porque se rechazaron todas las peticiones similares a lo largo de la tramitación del nuevo PGOU. Además, señala que se deberá defender el proceso de modificación frente al de revisión ante el impacto de la operación Romareda .

Tanto el alcalde, José Atarés, como el edil de Urbanismo, Rafael Gómez Pastrana, reiteraron que mandarán la documentación con la esperanza de que se tramite el permiso de inmediato. "El entendimiento institucional requiere que nadie ponga zancadillas a nadie, sino que sepamos buscar cada cual el espacio que le compete", dijo Atarés.

Pastrana señaló que si la denegación del permiso llega "hasta el final" habrá que ponerse "de luto", porque el único objetivo de la recalificación es financiar equipamientos sin "arrancar" el dinero con impuestos. "Es lamentable que el acuerdo paralice un expediente en el que la competencia esencial es del ayuntamiento. Espero que la cordura del consejero nos permita seguir adelante con el expediente", dijo.

El portavoz del PAR, Manuel Blasco, consideró la decisión como un "error" porque, dijo, se priva a la ciudad de fondos para obras "muy importantes". Por ello, confió en que haya "serenidad" en la DGA en la próxima deliberación.

En este sentido, el consejero señaló que no esconde ningún intento de "obstaculizar" o menoscabar competencias. Además, recordó que el Plan General se aprobó tras siete años de debate y requirió de un esfuerzo de la DGA para tramitarlo en ocho días. "Estamos tranquilos porque este esfuerzo no se ha hecho con nadie más", subrayó.