El Gobierno de Aragón está decidido a asumir la ejecución y la gestión en la comunidad de las obras de interés general del Estado, financiadas por Madrid. Especialmente, las hidráulicas, campo en el que los acuerdos de la Comisión del Agua renquean sin llegar a transformarse en hormigón. Ésta es una de las nuevas líneas de trabajo a las que ha abierto la puerta la reforma del Estatuto de autonomía, que condiciona su aplicación a que esas actuaciones estén reguladas mediante convenios entre la Administración estatal y la autonómica.
El vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, criticó ayer la baja ejecución presupuestaria de los proyectos de infraestructuras del Gobierno central, que se sitúa en torno al 60% de lo presupuestado y que, en el caso de las obras hidráulicas encomendadas a Acesa, el órgano inversor de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se quedan en el 20%. "Estamos en condiciones de elevar la ejecución si el Estado firma los convenios" para que el Gobierno de Aragón ejecute las obras, anotó.
Biel, que destacó que "este es un modelo nuevo que da nuestro Estatuto", aseguró que "todas las inversiones de fomento pueden ser realizadas por nuestra administración". "Tenemos personal suficiente para poder hacerlo", añadió.
El vicepresidente de la DGA llamó la atención sobre un efecto numérico de ese reducido nivel de ejecución estatal. Si se diera con las partidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que sobre el papel suman 1.200 millones de euros, "lo que habrían metido serían 720 millones" en realidad.
Los gobiernos central y aragonés dieron ayer un primer paso en este sentido con la firma en Madrid, por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el consejero del ramo, Alfredo Boné, del convenio marco que regirá las relaciones bilaterales entre Aragón y la Administración General del Estado en materia ambiental. El documento marca las reglas básicas para que Madrid y el Pignatelli puedan suscribir convenios para la ejecución autonómica de obras estatales.
Paralelamente, las Cortes aprobarán el jueves un mandato al Gobierno de Aragón para que "antes de finalizar el año 2007" formalice un acuerdo con el central que permita cerrar, entre otros asuntos, "un calendario preciso de ejecución para las obras del Pacto del Agua". El pacto entre las administraciones debería contemplar la creación de comisiones de seguimiento, en las que se incluirían a "los sectores implicados", para "cada una de las obras que han sido refrendadas por la Comisión del Agua de Aragón", así como "aquellas otras contempladas en el Pacto del Agua, con el fin de garantizar el respeto escrupuloso al calendario fijado".
La propuesta incluye el mandato a la DGA para que alcance "todos" los acuerdos "que permitan la asunción de competencias efectivas en materia de agua para Aragón".
