La orden establece la posibilidad de habilitar como evaluadores de la dependencia a "personal idóneo" de los diferentes servicios de la Administración y contempla la intervención de los medios propios de la misma cuando ello sea necesario o resulte justificado, ya sea por la imposibilidad de los servicios sociales de base de atender estas tareas o por tratarse de personas que se hallan en centros o servicios propios de la red del Gobierno de Aragón. En la práctica, esto significa que el personal del Salud estará también legitimado para ejercer como evaluador del sistema de dependencia, fundamentalmente cuando los usuarios se encuentren en el sistema de atención a crónicos y dependientes del Salud. También los trabajadores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales pueden valorar a los dependientes que se encuentren en residencias que dependan de este organismo.
