Un joven inmigrante de 18 años que estuvo tutelado por el Gobierno de Aragón cuando era menor ha presentado una reclamación patrimonial por la que le pide al Ejecutivo autonómico que le abone la multa de 600 euros que tuvo que pagar por no tener el permiso de residencia en regla. Una tramitación que, según denunció ayer la Asociación Pro Derechos del Menor Tutelado (Aprodemt), debería haber iniciado el servicio de Menores de la DGA "obviando la obligación legal de hacerlo a los menores que lleven más de 9 meses tutelados".
El joven, llamado Bilan y de nacionalidad marroquí, estuvo en régimen de tutela durante más de un año. Vivió la mayor parte del tiempo en la residencia Villacampa, un centro público concertado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y gestionado por la Fundación Federico Ozanam.
Según explican desde Aprodemt, "el artículo 35.4 de la anterior ley de extranjería (que estaba en vigor en el momento en que se produjeron los hechos) y el vigente artículo 62 del reglamento que desarrolla dicha norma" establecen que los servicios de Menores tienen "la obligación legal" de tramitar el permiso de residencia a los menores que lleven más de nueve meses tutelados.
MALA SUERTE Al día siguiente de que el joven terminase su estancia en el centro tutelado por haber cumplido la mayoría de edad, agentes de la Policía Nacional le pidieron la documentación, "algo frecuente en la zona de Conde de Aranda, que es donde el menor se mueve", indicaron desde el colectivo. Fue detenido por carecer de permiso de estancia en España y se inició el procedimiento preferente de expulsión, que finalmente cerró la Subdelegación del Gobierno, atendiendo a los antecedentes del caso, con una multa de 600 euros.
El joven, en su reclamación, solicita al Gobierno de Aragón que se haga cargo de la cuantía de la multa. Argumenta que de haberse atenido a la legalidad el procedimiento, jamás le hubiesen podido imponer dicha sanción, ya que aun en el caso de no haber podido obtener una renovación de la tarjeta de residencia, habría dispuesto de tres meses más antes de poder considerarse su situación administrativa como irregular.
Fuentes del Departamento de Servicios Sociales indicaron ayer a este diario que el caso será investigado, pero matizaron que la DGA tiene la potestad de recomendar o no la obtención del servicio de residencia.
