Los consejos de salud también censuran las medidas de Oliván

Los consejos de salud de Zaragoza han remitido un escrito al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el que muestran su rechazo a los "sucesivos recortes que se vienen aplicando a la sanidad pública y que van a afectar a toda la población y más a aquellos con menos recursos". El portavoz del colectivo, Juan Alvarado, presidente del Consejo de Salud de Valdefierro, invita a la población a unirse "en apoyo de las demandas para mantener nuestro derecho a la salud pública y universal".

El escrito expresa a Oliván su desacuerdo con las medidas "adoptadas por su consejería" y expresa su rechazo al decreto 16-2012, que modifica la atención sanitaria y farmacéutica dispensada a los inmigrantes en situación irregular, que han perdido su tarjeta sanitaria. En este sentido, los consejos de salud estiman que se trata de una medida "anticonstitucional" y, respecto a su aplicación en Aragón, recuerdan que "el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, que recoge el derecho universal a la salud, no es modificable por un decreto-ley" que "convierte la salud en una mercancía".

PERJUDICADOS La supresión de la condición de asegurados a los inmigrantes en situación irregular tampoco convence a los Consejos, que califican de "injusto" ese modelo de financiación. En este sentido, advierten de que los principales perjudicados son personas que no tengan regularizada su situación administrativamente y que "desarrollen algún tipo de patología que precise seguimiento crónico o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas".

Por ello, cuestionan el ahorro que se pretende obtener con esta medida porque "el desarrollo de estas enfermedades acabará perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando, probablemente, un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades".

Asimismo, lamentan que pueda "perjudicarse" el control de enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, "lo que podría perjudicar a toda la sociedad" y advierten de los problemas "éticos" en los sanitarios, que "no podrán atender en condiciones a estos pacientes".

Los consejos también rechazaron las "desigualdades en carteras de servicios" que las comunidades pueden adoptar con otros "copagos" y los "recortes en transporte sanitario y material ortoprotésico". Así, lo califican como "repago injusto" que "incide sobre los más enfermos y menor poder adquisitivo".