El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) acusó ayer al Ayuntamiento de Zaragoza de utilizar argumentos falsos para denunciar que la DGA ralentiza de forma deliberada la tramitación de expedientes del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Desde el organismo se negó que, tal y como expone el consistorio, se hayan denegado solicitudes porque algún documento ha caducado debido a la demora --de alrededor de medio año-- en la resolución. "El IASS nunca ha denegado un IAI porque estuviera un documento caducado, en todo caso porque ha caducado el procedimiento al no subsanarse por el interesado", expusieron fuentes de la DGA, que, asimismo, aseguraron que es "absolutamente falso" que el IASS esté ralentizando el proceso por, como sostenía el ayuntamiento, requerir documentos innecesarios. "El ejemplo de la tarjeta del paro, es especialmente penoso, porque es verdad que la tarjeta tiene una validez de tres meses, pero es que se puede renovar por internet, luego no añadimos ninguna complicación al interesado ni nada que no pueda resover comodamente", indicaron desde el IASS, que añadió que "los documentos que se solicitan son los mismos que hace dos años".

Eso sí, desde la Administración se admitió que el procedimiento "debe mejorarse y agilizarse" y, por ello, justificaron la modificación de la ley de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social "para que llegue a quien realmente lo necesita". Además, se argumentó la "apuesta" por esta ayuda en que "el importe destinado al IAI en dos años se ha multiplicado prácticamente por cuatro".

Así, según el Ejecutivo, en el 2013 se habría desembolsado en partidas del IAI algo más de 14 millones de euros hasta finales del pasado mes de agosto. "Hay que recordar que Intervención General había parado al anterior Gobierno todo pago del IAI por no disponer de presupuesto", esgrimieron desde la DGA, que consideró "muy triste" que el PSOE y el ayuntamiento "politicen esta ayuda y la utilicen para atacar al Gobierno cuando está haciento todo para que llegue al que más lo necesita".

Por su parte, Roberto Fernández, el responsable de Acción Social del ayuntamiento, insistió en que los datos expuestos en su denuncia son "oficiales" y anunció una reunión del ayuntamiento con la directora del IASS, Cristina Gavín, el próximo día 27 y subrayó la labor del consistorio para "suturar el agujero creado por el IASS".