Con 500 euros menos en el bolsillo, un mes de huelga y pocas previsiones de que su empresa vuelva a ser la que era, José Manuel Montañés, conductor de autobús, cree que esta polémica pesadilla pasará. Y lo hará con la readmisión de sus compañeros.
Lleva 15 años transportando zaragozanos de un lado a otro de la ciudad. Actualmente presta servicio en la línea 23 y al volante tiene que escuchar de todo. Desde mensajes de apoyo hasta algún que otro susurro que esconde críticas.
Es de los afortunados o desafortunados, según como se mire, cuyo horario ha coincidido prácticamente todos los días con los paros. Calcula que habrá sacrificado unos 500 euros brutos, pero asegura que merece la pena. Confía en que esto terminará en buen puerto.
Tras 30 días se encuentra en el punto de no saber "a quién creer". ¿A la empresa que ha despedido a 153 compañeros? ¿Al Ayuntamiento de Zaragoza que aprobó los pliegos responsables de la situación actual? ¿O al comité que da una de cal y otra de arena? José Manuel cree que este conflicto es "un juego de mayorías" es decir, entre empresa y consistorio. "Nosotros no podemos hacer nada, solo seguir con la huelga" a sabiendas de que "la gente acabará hartándose y perderemos su apoyo", lamenta.
Entiende que la concesionaria quiera sacar el máximo beneficio posible, "para eso es una empresa privada", así que es el ayuntamiento quien tiene que "marcar el límite" para evitar la situación. Más teniendo en cuenta, dice, que fueron los políticos --en referencia a PSOE, CHA e IU-- quienes firmaron las condiciones con la dirección.
Y entre tanta pregunta, al final cree resuelver el enigma. "Hasta que CHA, IU o el PSOE hagan algo de verdad, seguirán siendo los responsable".
