Protesta ante la CHE contra la fractura hidráulica

Una veintena de personas representantes de varias comarcas aragonesas, CHA, IU, CCOO y ecologistas, se han concentrado hoy frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en Zaragoza para protestar por los planes de extracción de gas en la Comunidad mediante el sistema de fractura hidráulica o "fracking".

La concentración estaba convocada por la Plataforma Zaragoza sin Fractura con motivo de la inauguración de la conferencia anual de la Oficina de la Década del Agua de la ONU dedicada al agua y la energía, con el objetivo de presionar para que la fractura hidráulica formara parte de los debates.

Según ha explicado a los medios Rolando Sanz, la plataforma pretende que este debate se incorpore a las sesiones de la Conferencia, que se celebra hasta el próximo 16 de enero, con el fin de saliera una declaración de prohibición de esta técnica.

Los manifestantes procedían de las comarcas Campo de Borja, Ribera Alta, Cinco Villas, Bajo Gállego y Alto Aragón, zonas, ha explicado Sanz, eminentemente agrícolas en las que existen otras alternativas "limpias y compatibles" con su economía.

Mientras que, ha asegurado, el "fracking" es una técnica contaminante, que puede arrastrar al exterior metales pesados "extremadamente tóxicos" y elementos radiactivos, que no contribuye a mitigar el cambio climático, pues prolonga la quema de combustibles fósiles y va a "quitar" el trabajo en las comarcas, ha criticado Rolando Sanz.

Sanz ha denunciado asimismo dos proyectos que se van a llevar a cabo en Zaragoza y cuyos ciudadanos, ha asegurado", "no se han enterado".

Durante la protesta han proferido eslóganes como "vecino, vecina el fracking contamina", se han leído pancartas como "stop fracking" o "save water water is life" (salva el agua el agua es vida) y se han repartido folletos en los que se informa en qué consiste esta técnica extractiva y sus consecuencias.

Preguntada por la opinión del Gobierno central sobre esta técnica, la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Liana Ardiles, ha asegurado que la ley obliga a estos proyectos a contar con una declaración de impacto ambiental para que tenga "mayores garantías medioambientales".