El juez del caso pagarés, el magistrado Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, ha designado al prestigioso arquitecto Teodoro Ríos Sola como perito judicial: deberá elaborar el informe que determinará si las obras de las naves de Autocity, ejecutadas por Codesport por encargo de Plaza, encubren o no un desfalco millonario a la empresa pública.
El magistrado mantiene imputados en la causa al constructor soriano Agapito Iglesias, dueño de Codesport y accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD; al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, actualmente en liberad bajo fianza de 300.000 euros por el caso saqueo; al exconsejero delegado de la empresa pública y exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y al exdirector técnico del consorcio, Miguel Ángel Pérez, imputado también en la causa principal de la plataforma logística. Su oficina judicial inició la semana pasada los trámites para embargarles a los tres primeros bienes y activos hasta cubrir la fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones --ayer rechazó concederle a Iglesias una ampliación del plazo para depositarla-- que les impuso unos días antes.
El juez imputa a García Becerril y a Esco un delito de administración desleal y otro de malversación de los que señala como cooperador necesario a Iglesias, a quien atribuye también una estafa. La actual dirección de Plaza denunció al exgerente tras indicar un informe que los trabajos incluyeron un sobrecoste no justificado de 14 millones, 8,7 de los cuales fueron pagados mediante pagarés que no contaban con el aval de los técnicos de Plaza. Ese mismo documento, no obstante, reduce a 6,6 millones el desfase en una de sus conclusiones.
Ríos Sola, conservador de la basílica del Pilar como ya lo fueron su padre y su abuelo y responsable de las obras del Museo Diocesano, deberá chequear los trabajos y determinar si en ellos hubo o no desfases económicos.
LA OBRA Codesport construyó 119 naves de unos 300 metros cuadrados por las que en el 2008 cobró 32 millones tras modificar un encargo inicial --formalizado en el 2005-- para levantar por 14 millones 79 edificios de los que Autocity solo se quedó 53 por los que pagó algo más de 22 millones.
Por otro lado, el juez Picazo ha citado a declarar como testigos a todas las personas que integraron el consejo de administración de Plaza entre el 2005 --el año de la adjudicación-- y el 2010 --cuando vencían los últimos pagarés-- o que actuaron como asesores y secretarios del órgano de dirección de la empresa pública en ese periodo.
En el listado de 28 personas citadas destacan algunos nombres como los exconsejeros de Obras Públicas y expresidentes de Plaza Javier Velasco y Alfonso Vicente, que deberán aclarar cómo recibió el visto bueno la liquidación y su forma de pago --Esco admitió que firmó un pagaré que no podía rubricar por superar los tres millones--; Eduardo Bandrés, exconsejero de Economía y exempleado de Iglesias como presidente del Real Zaragoza SAD durante más de tres años; Antonio Gaspar, exconcejal de Urbanismo de Zaragoza; José Luis Murillo, exresponsable de la Corporación Empresarial Pública de la DGA, y Andrés Cuartero, uno de los responsables de la estrategia de infraestructuras de la DGA en los primeros años de la coalición PSOE-PAR.
Los consejeros deberán aclarar si fueron o no informados acerca de los avatares del proyecto de las naves por los gestores de Plaza.
