Los inversores globales buscan dónde invertir las grandes cantidades de dinero que acumulan. Necesitan sectores que les permitan seguir ejerciendo su afán de lucro. Uno de los más codiciados es la sanidad pública: tratan de que deje de ser un derecho de orden superior para que pase a ser un negocio, su negocio.

No es de extrañar que ninguna de las organizaciones que, desde diferentes ámbitos, defendemos la sanidad pública no hayamos sido invitadas a tal evento. Lo lamentable es que todo esto se haga con la cobertura de los gestores públicos, lo cual, por otra parte, es muy significativo

En nuestro país estos intentos de privatización vienen de lejos. En Aragón esto se manifiesta en medidas y problemas ya conocidos. El presupuesto sanitario ha pasado en cinco años de 1.420 euros per cápita a 1.120. Las pérdidas en la plantilla superan los 2.500 puestos de trabajo, con un importante aumento de la precariedad laboral que llega al 29%; permanente acoso a la medicina rural con disminución de servicios; la contratación de seguros médicos privados se ha incrementado en un 50% en el último año y los hogares han elevado su gasto sanitario de 760 a 1.108 euros, un 46% más en dos años.

¿Es este el camino a seguir? Creemos que no y que los ciudadanos debemos mostrar el rechazo a estas políticas si no queremos que, a medio plazo, el sistema sanitario público sea irreconocible y nos tengamos que acostumbrar a la intemperie de lo privado.