El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto ley de ayudas para paliar los efectos de las últimas inundaciones, que superan los cien millones de euros, según cifras provisionales, ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
El decreto ley prevé la cobertura de los daños ocurridos como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos entre el pasado mes de enero y el 31 de mayo, ha dicho la vicepresidenta y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros.
También incluye los efectos causados por la crecida del río Ebro, la peor de los últimos veinte años.
Ambos han afirmado que a pesar de que la evaluación de los perjuicios aún no es completa y que los efectos todavía persisten en algunas zonas, son necesarias "acciones urgentes" para iniciar las reparaciones de bienes públicos y conceder las ayudas a los particulares.
Las administraciones afectadas calculan que el cómputo total de los daños gira en torno a 105 millones de euros.
Uno de los montantes más importantes previstos en el real decreto ley serán 25 millones de euros destinados a la limpieza de los cauces y del dominio público hidráulico, ha añadido el ministro del Interior.
Entre 2013 y 2014, la Administración ha gastado casi 70 millones de euros en la limpieza de cauces.
De la norma sólo quedan exentos Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y la Comunidad de Madrid.
Entre las novedades, el ministro del Interior ha apuntado que se amplía el concepto de establecimiento ganadero por el de explotación para extender las ayudas a otros aspectos. Las solicitudes se podrán presentar en un plazo de dos meses -antes era de un mes- y se acorta de seis a tres meses el tiempo en que la Administración deberá resolverlas.
Otra novedad es que quedarán exentas de evaluación de impacto medioambiental aquellas obras de reparación o instalaciones que se ejecuten por procedimiento de urgencia.
En este último caso, será necesario un acuerdo previo del Consejo de Ministros, ha matizado el ministro del Interior, quien ha afirmado que este supuesto viene recogido por la ley de evaluación ambiental.
El real decreto ley también establece la creación de una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las ayudas.
