LA SITUACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL ARAGONÉS
La Fiscalía respalda en parte a ZeC contra el derribo de Averly
Dar la licencia de derribo impediría aplicar una posible sentencia favorable. Sin embargo expresa que quien debe pronunciarse es el tribunal competente

La Fiscalía respalda en parte a ZeC contra el derribo de Averly
EL PERIÓDICO
La Fiscalía de Medio Ambiente emitió ayer un oficio que apuntala en cierto modo la tesis mantenida por el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) respecto al derribo de Averly. El Fiscal expresó que "la circunstancia de que la concesión de la licencia de derribo y su consiguiente realización pueda hacer de imposible ejecución una hipotética sentencia favorable a la catalogación de la totalidad de las instalaciones es, sin duda alguna, una circunstancia transcendente".
Sin embargo, reconoció que quien debe pronunciarse es el órgano judicial competente, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El Fiscal deja claro en su documento que el Tribunal Supremo le ha negado la legitimación por carecer de una "legitimación expresamente atribuida en las leyes especiales" y por tanto no es viable que la Fiscalía "se persone en el procedimiento".
GOBIERNO A pesar de no tratarse del pronunciamiento del tribunal competente, el Gobierno municipal celebró la noticia. El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, criticó la postura "irresponsable" del PP, que abogaba por agilizar la licencia de derribo para la constructora Brial en el pleno extraordinario de hace poco más de un mes.
Para el Gobierno municipal, este oficio "abre la puerta a que el ayuntamiento inste por sí mismo alguna medida que suspenda el derribo, puesto que mantiene que la afección del derribo al cumplimiento de la sentencia --que declara trascendente-- debe ser valorada por el TSJA", explicó Pablo Muñoz.
En este sentido, el responsable de Urbanismo anunció que está valorando las posibilidades legales que le confiere al ayuntamiento esta respuesta para adoptar las medidas legales que entienda oportunas.
El concejal manifestó que "la Fiscalía ha dado la razón al Gobierno en su voluntad política de la defensa del patrimonio industrial y en la cautela frente a actuaciones que pudieran hacer imposible el cumplimiento de una sentencia posterior".
Un nuevo capítulo en la historia judicial de la defensa de la antigua Averly.
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