El archivo de la investigación por la trama de las farmacias supuso que, tres años después, muchos de los imputados volvieran a recordar el día en el que la Guardia Civil se personó en su establecimiento y les dijo que estaban detenidos. Muchos pasaron varios días e incluso meses en prisión provisional por mandato del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano.

Una de esas personas fue María Amparo Barberá, que regenta una farmacia en Peñarroya de Tastavins (Teruel). Sus conversaciones telefónicas aparecieron en el sumario. En una llegó a decir: «Nos han pillado, Me han registrado la farmacia. La Guardia Civil. Por lo de la exportación y tengo que ir a Teruel a declarar porque estoy imputada». Ayer, en declaraciones a EL PERIÓDICO, Barberá resaltó que «todo fue desorbitado, para lo que había», si bien no quiso entrar a valorar ese tipo de pinchazo de la Guardia Civil.

Quiso resaltar que «al principio» le afectó esta implicación, si bien «luego reflexioné y pensé que cada uno piense lo que quiera». Sobre la posibilidad de emprender algún tipo de acción de cara a recibir indemnizaciones por todo lo vivido, Barberá aseveró que «lo pensó al inicio».

DESDE MONROYO

Otra de las boticarias implicadas fue Rosa del Carmen Sorlí, que regenta una oficina de farmacia en Monroyo (Teruel). Esta mujer no dudó, por ejemplo, en señalar ante el juez instructor a su compañera Barberá y reconoció que había hecho «cosas mal» porque tenía problemas económicos tras el retraso del colegio. «Fue algo que vi y luego dije que no se iba a hacer», apuntó.

Aseguró que «en su momento le superó todo, especialmente porque se habló mucho de mí y se cebaron». De

Sorlí quiso resaltar que la investigación también tenía errores como «que se me imputaron cosas del botiquín de Torres de las Arcas, que pertenece a Palomar de Arroyo, cuando el mío es el de Torre de Arcas», «Al menos solo me tuvieron un día cerrada la farmacia, por lo que los perjuicios económicos no fueron graves».

No es el caso del farmacéutico de Cariñena (Zaragoza), Manuel Francisco Montero, quien ya se ha puesto en contacto con su abogado Rafael Ariza, de cara a estudiar la dorma de ser resarcido por el tiempo que permaneció en prisión y que su establecimiento estuvo precintado. Fuentes cercanas reconocieron que está satisfecho, a pesar de que «estuvo 28 días en prisión». También está estudiando esta opción la defensora del que fuera boticario de Aguilón, Mercedes Octavio de Toledo. En este caso, su propietario, Daniel Huesca, ya ha dejarlo de serlo, tras traspasar la oficina. Misma suerte tuvo la farmacia situada en la calle La Caza, en la capital aragonesa.