Afronta 8 años de cárcel por recibir subvenciones con una falsa fábrica

La Abogacía del Estado solicita 8 años de prisión para David Monforte Fleta, el empresario que recibió casi 1, 8 millones de euros en subvenciones para montar una fábrica de coches eléctricos en Motorland (Alcañiz). Fue detenido en el 2016 en una operación especial de la Brigada de Blanqueo de Capitales de Zaragoza, a partir de una denuncia de la Seguridad Social. Tal y como señala la acusación, este hombre percibió fondos, mediante préstamo o subvención de diversas administraciones (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, etc.), todas ellas con el mismo fin, que era la reindustrialización de la provincia de Teruel.

El procesado, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero, llegó a construir una nave en el polígono industrial de Motorland, donde, sin embargo, nunca se produjo nada.

La Abogacía del Estado señala que Monforte Fleta, al solicitar ayudas públicas, «declaró falsamente la no percepción de otras ayudas de la misma naturaleza que hubieran podido suponer la no concesión de los fondos que finalmente sí recibió».

Considera también que «existen indicios de que aportó las mismas facturas justificativas a diferentes expedientes de concesión de ayudas para justificar gastos ante los organismos concedentes de las mismas, si bien no obedecían a consumos reales». En este sentido describe que su modus operandi era «solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar unas expectativas de negocio y realizar un abono que posteriormente se retrocedía por otra vía con diferentes excusas». De esta forma daba una falsa apariencia de solvencia, según esta acusación. Con ello, añade, «se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto».

Asimismo, según la Abogacía del Estado, Monforte Fleta confeccionó facturas falsas que fueron presentadas ante las administraciones públicas como justificación del gasto.

La compañía que montó el acusado, según la base de datos de la Agencia Tributaria, no constaba que tuviera trabajadores, no presentó declaración alguna (ni por impuesto de Sociedades, ni IVA, retenciones, pagos a cuenta, ni declaración de ingresos y gastos superiores a 3.005,06 euros). El investigado «destinó parte de los fondos para viajes a Cuba, Shangai, cargos en comercios y para formación personal».