Un 80 % del nuevo material parlamentario admitido a trámite por la Mesa de las Cortes de Aragón, que prácticamente se sitúa en las doscientas iniciativas, se dirige al control de la actuación del Ejecutivo autonómico ya que ha calificado 36 solicitudes de comparecencia a miembros del Gobierno PSOE-CHA, 21 interpelaciones y 84 preguntas.
De este modo, el máximo órgano gestor del parlamento aragonés añade 144 iniciativas de control para el próximo periodo de sesiones.
La pregunta ha sido la herramienta más utilizada por los grupos parlamentarios para controlar la acción del gobierno, con 42 para su respuesta y el resto para su respuesta por escrito, mientras que 23 de las 36 solicitudes de comparecencia se dirigen a miembros del ejecutivo de Javier Lambán para que intervengan en el hemiciclo, informan fuentes parlamentarias.
Otras seis implican su presencia en alguna de las diferentes comisiones permanentes de carácter sectorial y el cupo se completa con el requerimiento a siete directores generales para que acudan a las Cortes y con tres peticiones de colectivos sociales.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, concita hasta cuarenta y dos de estos documentos (34 preguntas, 4 interpelaciones y 4 solicitudes de comparecencia), mientras que la de Educación y Cultura, Maite Pérez, y Sanidad, Pilar Ventura, tendrán que hacer frente a 19 y 18 iniciativas, respectivamente.
No obstante, en el caso de las comparecencias, entre las que se encuentra una registrada por Podemos para Lambán en torno a las prestaciones para la utilización del servicio de comedor escolar, los integrantes gubernamentales más demandados son el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el de Agricultura, Joaquín Olona, que deberán intervenir en pleno en cuatro ocasiones cada uno y tres y una en comisión, respectivamente.
A estas 36 solicitudes se suman tres procedentes del tejido social aragonés, concretamente firmadas por representantes de la Asociación Coordinadora Proyecto Escan, de la Plataforma para la normalización del Grupo A y del municipio de Campillo de Aragón (Zaragoza).
El resto de los escritos calificados hoy se reparten fundamentalmente entre solicitudes de información y documentación (una veintena), proposiciones no de ley (doce) y una solicitud de prórroga del plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales en Aragón. EFE
