La jurisdicción social de Zaragoza sufrió el pasado julio, a raíz de la terminación del confinamiento, una avalancha de asuntos motivados por los problemas laborales derivados de la larga duración del estado de alarma. Los casos relacionados con la rescisión de contratos de trabajo fueron ese mes 397, lo que supuso el 70% del total de asuntos, cuando la tónica a lo largo del año 2019 se había situado en un 30%, con 2.026 despidos de un total de 7.141 asuntos.
«Esa avalancha de casos por despido nos asustó realmente», señala Roberto Esteban, juez decano de Zaragoza. Se trató de un incremento mayor de lo esperado, aun teniendo en cuenta que los tres meses de cese casi total de la actividad judicial habían podido producir una acumulación de asuntos relacionados con el derecho del trabajo.
Se trató, no obstante, de un crecimiento repentino que no ha tenido continuidad en fechas posteriores, dado que «en agosto y septiembre la situación se ha normalizado un poco», según el representante judicial.
De hecho, en agosto hubo 157 casos por despido, lo que supuso el 30% del total (527) y volver a los porcentajes anteriores a la crisis sanitaria. Y, por otro lado, en septiembre los contratos rescindidos fueron 121, en torno a un 20% del conjunto de asuntos (629).
Los despidos, ya fueran disciplinarios o por causas objetivas, fueron a iniciativa del empresario, como respuesta a la fuerte reducción de la actividad que se produjo en sectores enteros de la actividad productiva.
El parón que se registró en todos los órdenes ha acabado afectando al resto de las jurisdicciones, al margen de la laboral, pero en sentido contrario. «Ahora estas jurisdicciones tramitan menos asuntos que el año pasado», apunta Roberto Esteban.
Así, en familia y en penal el descenso de movimiento se ha notado con más intensidad que en otros ámbitos del derecho. «Durante el confinamiento se cometieron muchos menos delitos», subraya el juez decano.
Con todo, pese a esa disminución, al no poder celebrarse apenas juicios y al ralentizarse los procedimientos, se ha registrado una acumulación de casos que ahora los jueces tratan de sacar adelante.
Eso ha llevado, explica Esteban, a que muchos titulares de juzgados «estén reseñalando todo lo que se había suspendido». Y este incremento de la actividad judicial, notable ya en los meses de junio y julio y que continuó en septiembre, ha generado una mayor demanda de salas de vista en las que poder celebrar los juicios.
«Todos los jueces y juezas están haciendo un tremendo esfuerzo para compensar el parón», subraya Esteban, que indica que el acelerón ha permitido a la juzgados de familia ponerse al día, si bien muchos casos se han resuelto mediante trámites escritos. Y este sobreesfuerzo general se está realizando pese a la falta de medios que padece la Justicia en Zaragoza, que cuenta con 65 juzgados, pero le corresponderían 17 más, según los módulos de actividad.
De la demanda laboral al juicio puede pasar más de un año
Hasta ahora, la duración de un procedimiento laboral en la provincia de Zaragoza venía siendo de un año, un plazo, que, pese a ser largo, no es de los peores de España. Pero desde el confinamiento y a causa del incremento de las demandas de despido en julio, «es posible que ahora los asuntos tarden en verse un año y medio o dos años», señala Diego Pascual Beltrán, abogado zaragozano especializado en derecho laboral.
«En las jurisdicciones que iban muy lentas antes de la pandemia, como la social, la situación se ha agravado», subraya Antonio Morán Durán, decano de los abogados de la capital aragonesa, que indica que los intentos normativos que se diseñan para agilizar esta jurisdicción no salen adelante «porque no hay medios suficientes».
«No solo hay que hacer más juzgados, sino que estos sean más eficientes también», insiste Morán, que pone a modo de ejemplo que hay pleitos laborales que acumulan 15 meses de demora.
Los ertes, tabla de salvación
Y eso, apunta Diego Pascual, que «no se está registrando un aumento especial de los despidos», un fenómeno bastante novedoso en una crisis económica y que él atribuye «al mecanismo del paro temporal puesto en marcha con los ertes».
Por lo tanto, considera este letrado, la situación podría cambiar radicalmente en cuanto dejen de aplicarse los expedientes de suspensión provisional del empleo y entre en vigor una política menos protectora del trabajador.
En cualquier caso, la actual contención en las demandas laborales por despido, que va acompañada del retraimiento de los pleitos de reclamación de derechos del trabajador, está dando un respiro a una jurisdicción, la social, que anda muy necesitada de ello.
Alta tasa de congestión
No en vano, en la provincia de Zaragoza presenta la mayor tasa de congestión, con 7,78 puntos, por encima de la contencioso-administrativa (6,67), la civil (4,54) y la penal (2,04), según las estadísticas referentes al segundo trimestre del año actual elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
