El pleno de las Cortes de Aragón acordó ayer instar al Gobierno autonómico a generar un recurso, en el periodo de tres meses, que busque mediar y asesorar para incentivar los acuerdos entre los titulares de actividades y servicios comerciales e industriales (bares, restaurantes, gimnasios, centros de estética o ludotecas), con los propietarios de los inmuebles en los que se desarrollan, para posibilitar un mejor reparto de las consecuencias económicas de la pandemia mediante una rebaja de las cuotas de arrendamiento. De este modo, se pretende preservar las actividades económicas y el empleo
La iniciativa, apoyada por todos los grupos salvo Vox, contaba con un punto 2 que no salió adelante y con el que la formación política proponía dotar de forma jurídica «este reparto de las cargas de esta crisis para evitar que recaiga sobre los eslabones más débiles».
El portavoz parlamentario de IU agradeció el apoyo al primer punto que supone un avance «fundamental» para mejorar la situación de los sectores más afectados por las limitaciones impuestas para hacer frente a la pandemia, como son la hostelería y el comercio local.
Durante el debate de la iniciativa se puso de manifiesto el complejo debate jurídico que hay detrás de la medida, pero ésta es viable porque tiene «encaje» en nuestra legislación. «Las familias trabajadoras requieren un apoyo y que se pongan en marcha instrumentos excepcionales que tienen un encaje en nuestra legislación», explicó Sanz, para argumentar que «no es la primera vez que, por circunstancias sobrevenidas y de forma excepcional, se plantean medidas para flexibilizar las relaciones contractuales entre las partes o que los juzgados han fallado a favor de revisar los contratos».
