Las 40 entidades pertenecientes a Plena Inclusión Aragón, la asociación mayoritaria que grupa a asociaciones que atienden a las personas con discapacidad intelectual, han lanzado un grito para solicitar ayuda al Gobierno de Aragón por la delicada situación financiera que atraviesan.

En este sentido urgen al Ejecutivo autonómico compensación los gastos que “ llevamos soportando desde el comienzo de la pandemia”, asegura Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión, ya que han sido “ las entidades, las que con sus recursos propios son los que han hecho frente a los gastos”. En concreto, las entidades ya trasladaron al Gobierno de Aragón, el pasado 31 de octubre, que las medidas aplicadas en sus centros para hacer frente a la expansión del covid-19 sumaban en conjunto unos sobrecostes de 900.000 euros debido al incremento de gastos “en organización, protección, reducción de ratios, acopio de medidas profesionales, etc”. Y ahora, un año y medio después del comienzo de la pandemia, la situación “es difícil y si no se toman medidas, dudamos de que se puedan mantener los servicios ya que somos entidades sin ánimo de lucro”. El 100% de las plazas son públicas, aunque gestionadas por las entidades de Plena Inclusión, que cuentan con unas  1.500 plazas de residencias y con los centros de día, “damos servicio a más de cuatro mil personas”.

A estas cifras de 900.000 euros, hay que sumar lo que se ha dejado de recibir de conciertos de plazas de personas que por decisión de sus familias decidieron quedarse en sus casas sin acudir a residencias, eso ha supuesto una merma de ingresos de alrededor de 500.000 euros.

Y hay un tercer aspecto, 700.000 euros por los atrasos acumulados en los plazos de aplicación del incremento de los conciertos de las plazas desde 2019 a 2021, que se ha ido retrasando. Estas subidas, anuales fueron pactadas en el año 2019 a través del CERMI. Ese año debería haber entrado el 1 de junio y no se aplicó hasta el 1 de octubre; en el 2020, desde el 1 de enero, pero no se aplicó hasta el 1 de abril y este año, el 1 mayo, "lo que supone un año más de ingresos que teníamos que haber recibido y no".

Preguntado por la respuesta del Gobierno de Aragón, Villanueva responde que lo que le dicen es que va a haber unas convocatorias y subvenciones "que no sabemos cómo van a convocarse, qué temporalidad, si son para estos fines o para otros… no tenemos una seguridad y queremos concreción porque es lo que necesitan nuestras entidades. Nos dicen que habrá pero no cuando, ni cuando ni para qué, ni cuantía."

Las entidades sufren económicamente, pero para "las familias supone un palo importante" porque en esta crisis también sufren consecuencias, porque "la conciliación es más complicada y plazas del centro diurno no están a pleno rendimiento".

Y también lo padecen los usuarios en su actividad, cuidados… "son plazas y terapias necesarias para estas personas porque retrasan su envejecimiento, mantienen su funcionalidad y si no tenemos certeza clara de que se puede reanudar los servicios, pues está siendo bastante duro para usuarios, familias, entidades que están a una situación al límite y para los trabajadores de los centros" que "se merecen un reconocimiento, no solo en palabras sino también en su salario", concluye Villanueva