Hace once días, un vecino de Zaragoza, español, Rubén Calvo, asesinó a cuchilladas a su pareja, Katia, nicaragüense, en el zaragozano barrio de Las Fuentes. El asesino trató de quitarse la vida lanzándose al vacío desde un quinto piso y continúa en la uci. Tenía una orden de alejamiento que la víctima rompió con la intención de ayudarle a salir de las drogas. Katia ya le había denunciado por una agresión, en 2019, que se produjo en el lugar de trabajo de la víctima. Y después, en dos ocasiones más por quebrantar la orden de alejamiento. Pero la calificación de riesgo era «bajo» según el sistema Viogén del Ministerio del Interior. Katia fue la víctima 1.092 de la violencia de género en España desde que hay registros, en 2003. Ayer ya eran 1.094 las asesinadas.
La consejera de Presidencia y presidenta en funciones, Mayte Pérez, y la diputada de Ciudadanos, Beatriz García, que llevaron a las Cortes de Aragón el debate sobre el nivel de ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la comunidad, tuvieron que actualizar sus cifras por la mañana.
Porque la lacra de la violencia machista no cesa. Aunque en el Parlamento aragonés, el grupo parlamentario de Vox volvió a insistir en que «la violencia no tiene género». «Muchos de los casos en los que se aplica la ley de Violencia de Género, los motivos últimos no son machistas. No quieren ver que hay una multitud de causas en esa violencia: cuestiones económicas, crisis de pareja llevadas al extremo, cuestiones relacionadas con los hijos comunes..._También existen casos graves en los que se llega al ejercicio de la violencia o incluso a acabar con la vida de otra persona, ya sea la mujer, el hombre o los hijos. Pero el móvil machista principal es residual en la mayoría de los casos», aseguró el diputado de Vox, David Arranz, sin poner en la balanza los datos de los hombres asesinados por sus parejas o exparejas.
Y pese a que muchos de estos asesinatos no se producen en el hogar familiar, como la primera agresión de Katia y su asesinato, insistió en el argumento de la «violencia intrafamiliar». «Las personas acaban chocando y teniendo conflictos con las personas que conviven, y así ocurren los mismos casos con independencia del sexo», insistió.
Pero se quedó solo con su argumento. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, subrayo que «esto no es una cuestión intrafamiliar, sino un problema político de primer orden». También la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, se alejó de ese discurso. «Cada vez que hay un asesinato, las fuerzas políticas tienen que reconocer que se ha producido un fracaso del conjunto de la sociedad. Porque esto trasciende del ámbito privado y familiar. Nos ocupa a toda la sociedad», subrayó, después de recriminar a la parlamentaria de Podemos, Itxaso Cabrera, la sonada abstención de su grupo en el Congreso cuando se dio luz verde, precisamente, al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La evolución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Aragón
Cabrera exigió «no titubear contra las violencias machistas» y desde CHA, Isabel Lasobras, hizo en su intervención un homenaje a las últimas asesinadas. «Hay más de mil familias destrozadas; es exasperante», añadió. «Inaceptable» fue el adjetivo utilizado por la parlamentaria del PAR, Esther Peirat, que llamó a «redoblar esfuerzos, concienciar más y proteger más».
Según los datos desgranados por la consejera, Aragón ejecutó el pasado año el 95% de las cuantías procedentes de ese pacto, un porcentaje que supera al de los años anteriores, que en 2019 se quedó en el 89% y en 2018, en el 79%. Pérez reconoció que «hay que seguir sumando esfuerzos» para acabar con esta «lacra», pero también consideró que se está siguiendo «el camino correcto» para hacerle frente.
La consejera Pérez denunció este «fenómeno estructural que ahora se ve deslegitimado por algunos partidos políticos» e invitó, directamente, al diputado Arranz, a «visitar el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para que compruebe si existe la violencia de género». Y le recordó que el origen de los asesinatos «no está en el país de procedencia», como había insinuado el parlamentario de Vox, «sino en que son perpetrados por hombres machistas».
Gracias al Pacto de Estado, en Aragón se han destinado casi 800.000 euros en los distintos tipos de asesoría jurídica, psicológica y laboral para varios centenares de mujeres. El teléfono habilitado para las víctimas recibió más de 4.000 llamadas. Cifras no desdeñables para una lacra que algunos prefieren no nombrar.
La consejera Pérez anunció que la próxima semana entrará en funcionamiento el piso para víctimas de las violencia de género habilitado en Alcañiz. «Sacarlas de su vivienda es clave; el empleo también, pero salir de la vivienda es vital», insistió.
La diputada de Ciudadanos, Beatriz García, incidió en que «hay que darles formación y facilitar su inserción laboral, porque muchas mujeres no denuncian porque tienen dependencia económica del agresor», señaló. Reclamó que el Gobierno de Aragón pida al de España que se amplíe el reconocimiento como víctima de violencia de género a «todas las víctimas» y modificar el código penal y el régimen de visitas de los menores. Quedan pasos por dar. Y Pérez reclamó un «grito unánime» para hacer frente a la versión más atroz del machismo.
Aragón registra más de 4.000 llamadas al teléfono contra la violencia de género
El teléfono de guardia de atención 24 horas recibió el pasado año 4.102 llamadas de víctimas de la violencia de género. El 900 504 405 es un servicio gratuito cuyos datos se cruzan con el 016. El turno de guardia psicológica atendió a 381 mujeres en Aragón en 2020. El turno de guardia social, a 319 víctimas.
Un total de 15 mujeres y 8 menores fueron atendidos el pasado año en alguno de los tres inmuebles destinados en la comunidad a su integración social. Los puntos de encuentro familiar atendieron en 2020 a 3.000 personas, de las que el 40% eran menores.
