Un cuarto de siglo después, los ecos cada vez más lejanos de la tragedia del cámping Las Nieves de Biescas, en el Pirineo aragonés, conviven con un fuerte deseo, por parte de las víctimas y los habitantes de la zona, de pasar página. Pero es necesario algo más que un mero acto de voluntad para olvidar a las 87 víctimas mortales y a los 183 heridos que ocasionó la catastrófica riada que se produjo en la tarde del 7 de agosto de 1996.
De hecho, debido al cambio climático, lo sucedido en Biescas constituye una especie de advertencia sobre las consecuencias de no adoptar medidas preventivas frente a fenómenos cada vez más violentos, como las tormentas de verano.
La que descargó aquel día de hace ya un cuarto de siglo, cuando el valle de Tena bullía de visitantes, batió todos los récords. Se calcula que cayó el equivalente de 185 litros por metro cuadrado en 24 horas y que el caudal del barranco ascendió bruscamente a los 742 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad del cauce canalizado era de 122 metros cúbicos.
El resultado fue que sobre los 600 campistas que había en la zona de acampada, situada al pie de la N-260a, se abalanzó una caótica avalancha de agua, lodo, piedras y troncos, todo revuelto, que arrastró de forma repentina, como si fueran cáscaras de nuez, los coches y caravanas estacionados por el terreno de acampada.
Ninguna ceremonia oficial
Frente a ese tsunami terrestre, las frágiles tiendas de campaña en las que buscaron refugio de la lluvia muchos clientes de Las Nieves no sirvieron de nada y solo resistió en pie el edificio de servicios, de una planta, que todavía sigue hoy en pie, como recordatorio, junto al parque abierto hace cinco años en memoria de las víctimas.
«Fue una ola gigante que se nos vino encima», recuerda Sergio Murillo, que perdió en la tragedia a sus padres y a sus dos hermanos. Este navarro, que tenía 16 años cuando ocurrió el desastre, dice que ha rehecho su vida y no rehúye las entrevistas en las que vuelve sobre sus vivencias de entonces.
Pero Mari Luz Sanz, de Zaragoza, asegura que no quiere hablar. Ella no ha vuelto por el cámping jamás. Y los recuerdos pesan sobre ella como losas de piedra. «Es muy duro ver cómo la corriente se lleva a tu marido sin que tú puedas hacer nada», explica.
«El agua nos llegaba por encima de la rodilla cuando entramos en el cámping», atestigua Julio, un vecino de Biescas que trabajaba de camarero y que fue uno de los primeros que acudieron al rescate de las víctimas. Pero en los momentos iniciales de la inundación, en algunos puntos el agua había alcanzado dos metros. Él vio escenas muy duras que trata de no recordar y, como tantos habitantes del valle de Tena, es reacio a contar su experiencia «de algo que es para verlo y olvidarlo».
El cambio climático incrementa el riesgo
La cuestión es que el 25 aniversario de la catástrofe natural de mayor envergadura sufrida por Aragón no va a ser objeto de conmemoración a nivel oficial. «No habrá ninguna ceremonia, ha llegado el momento de pasar página», afirma Nuria Pargada, alcaldesa de Biescas, que subraya que cuando se cumplieron 20 años se inauguró un memorial con el nombre de todos los fallecidos grabado en un monolito metálico y se organizó una ceremonia a la que asistieron en masa supervivientes, familiares y toda clase de afectados. Con todo, se ha previsto el envío de coronas de flores al monumento y se ha contado con el parecer de los propios afectados.
La pervivencia del recuerdo de lo que pasó «aquella noche», como dicen los biesquenses, es desigual. Para los expertos en prevención de riesgos naturales, Biescas es un caso de estudio, un «ejemplo de lo que no hay que hacer, ni antes ni después de la catástrofe, en materia de obras de canalización», en palabras de Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza.
«Lo que realmente supuso la catástrofe del barranco de Arás es un ejemplo de irresponsabilidad en la ordenación del territorio», continúa Ollero. «Se cometieron errores propios de la ingeniería del siglo XX», agrega. «Por un lado se permitió instalar el cámping en un cono aluvial y, por otro, se había encauzado el barranco mediante represas que, en su mayoría, fueron destruidas por la corriente e incrementaron la violencia de la crecida y, después de la tragedia, fueron reconstruidas de nuevo sin ningún sentido».
Además, a causa del cambio climático y «por el simple hecho de que está aumentando la temperatura, se producirán más tormentas veraniegas de fuerte intensidad, no solo en el Pirineo, sino también en el valle del Ebro y en el Mediterráneo», según el profesor Ollero.
En todo el valle de Tena existe el convencimiento de que, pese a la dureza de los momentos vividos a finales del siglo XX, es necesario seguir adelante sin volver demasiado la vista atrás.
Judicialmente, el desbordamiento del barranco de Arás es un caso cerrado en la vía contencioso-administrativa, ya que la penal nunca prosperó y se clausuró de forma definitiva en la Audiencia de Huesca en el año 2000 al concluir que la riada había sido un fenómeno «imprevisible y de carácter excepcional», según dos informes técnicos.
Las indemnizaciones acordadas por los tribunales sumaron 11,2 millones de euros y fueron abonadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Diputación General de Aragón (DGA) al ser declaradas corresponsables del desastre por la Audiencia Nacional en el año 2005.
Según los abogados de las víctimas y sus familiares, lo sucedido el día de los trágicos hechos era previsible y se podría haber evitado. Hubiera bastado con no instalar el cámping en el cono de deyección o desagüe de un abrupto barranco de montaña, pues existe siempre el riesgo de que una lluvia torrencial lo desborde, por más que el periodo retorno de este fenómeno haya sido fijado por los expertos en 500 años.
Sin responsabilidad penal
«Por desgracia, desde el punto de vista de la justicia, no se puede hacer nada», zanja el abogado Ricardo Orús, que representó legalmente a numerosos perjudicados. «Creo que, en el largo proceso judicial, la vía penal sigue pendiente, nunca debió cerrarse, pues se produjo un claro delito de imprudencia por parte de algunos funcionarios que dieron la autorización de apertura del cámping», apunta el letrado Ángel Cabrero, que también intervino en una causa que «marcó» su carrera y que, en su opinión, «llegó al final de su recorrido judicial sin haber dado una respuesta suficiente tras más de diez años de pleitos».
Cabrero incide en que el expediente del cámping Las Nieves fue objeto de un informe negativo, realizado por un técnico de la Administración, Emilio Pérez Bujarrabal, «pero nunca se tuvo en cuenta». El estudio desaconsejaba instalar la acampada donde se hizo, en los años 70, porque existía peligro de desbordamiento.
El elevado número de muertos y heridos obligó a las autoridades de Aragón a endurecer la normativa que regula los cámpings. En la actualidad está prohibido instalar zonas de acampada en los cauces de ríos, ramblas y barrancos y, en general, en las zonas inundables.
Se considera que esas ubicaciones, como las expuestas a incendios, las próximas a grandes infraestructuras de transporte o situadas junto a vertederos, constituyen «un riesgo inaceptable». Una solución lógica, pero que, para las víctimas del cámping Las Nieves, llegó demasiado tarde.
