La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que está negociando el Gobierno con los agentes sociales tendría efectos positivos sobre 100.000 aragoneses, es decir, en torno al 20% de los asalariados.Sin embargo, solo serían unos 25.000 los que se beneficiarían directamente del alza retributiva. El resto verían mejoradas sus condiciones de vida de manera indirecta por el efecto arrastre que se espera que tenga la medida sobre otros colectivos con una baja remuneración y sobre otras políticas y ayudas sociales.

Estas cifras provienen de las estimaciones estadísticas que realiza el gabinete económico de CCOO Aragón, ya que no existe un registro oficial donde figure el número exacto de empleados que cobren el mínimo salarial. El cálculo parte de los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) y la información salarial de la Agencia Tributaria.

«La subida tendría una correlación con los salarios inferiores a 1.000 euros», recalcó Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical del sindicato, quien recuerda que el SMI constituye una «referencia» en la negociación colectiva y por tanto, influye en las cuestiones salariales que se acuerdan en los convenios sectoriales y de empresa. Además, agregó, «tiene relevancia en otros ámbitos».

No es vano, es indicador del nivel de renta utilizado para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a ayudas, beneficios o servicios públicos, como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

No obstante, según un informe de CCOO, Aragón es una de las comunidades donde menos impacto tendría la medida, ya que el porcentajes de beneficios en relación al conjunto de asalariados ronda el 5%, uno de los más bajos, en comparación con el resto de comunidades autónomas, siendo Andalucía, Extremadura o Murcia las que tiene más trabajadores percibiendo el SMI.

El Ministerio de Trabajo sugirió a los representantes de los agentes sociales una subida de 15 euros este año, hasta los 965 euros brutos frente a los 950 fijados actualmente –13.300 al año con 14 pagas–. Para Castillo, el incremento propuesto rondaría el 1,5%, con lo que «no llegaría a compensar la perdida del poder adquisitivo» al situarse la inflación en el 3,3% hasta el pasado mes de agosto. «Mejor eso que nada, pero nos movemos en el tramo salarial que menos cobra en este país», lamentó.