El Ministerio de Hacienda transfirió este viernes a Aragón 282 millones de euros, el 70% de los 403 millones de euros previstos en el fondo extraordinario del Estado a las comunidades autónomas. El resto de lo comprometido para Aragón, 121 millones de euros, se distribuirá el próximo mes de noviembre, tal y como confirmó el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.
Esta transferencia es adicional y extraordinaria, se encuentra al margen del sistema de financiación y estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, como se comunicó a los gobiernos regionales en el otoño de 2020, en una de las últimas citas del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se definió el reparto de dichos recursos. Una cuantía que el Ejecutivo autonómico pudo incluir ya en los presupuestos de la comunidad para 2021, que reflejaban la aportación de 403 millones de euros, junto al resto de entregas a cuenta y partidas procedentes de los fondos europeos tras la pandemia.
Con este fondo, el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez era que el Estado asuma una «parte importante» del déficit autonómico y que, de esta manera, las comunidades autónomas cuenten con más margen de maniobra y mayor liquidez para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y para que se puedan prestar los servicios públicos.
Más de 13.000 millones
En total el Gobierno de España transferirá a todas las comunidades autónomas 13.486 millones de euros a través de este fondo extraordinario. La primera transferencia realizada este viernes alcanza el 70% de dicha cuantía, lo que suma 9.440 millones de euros. El resto del fondo, el equivalente al 30% del total, es decir, los 4.046 millones de euros restantes, se distribuirá el próximo mes de noviembre, según lo acordado entre el Ejecutivo central y los consejeros autonómicos.
La distribución de estos recursos entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas se realizó con el criterio de «población ajustada». Es la fórmula por la que la mayor parte de gobiernos regionales optó cuando el Ministerio de Hacienda, bajo el principio de la cogobernanza y buscando el máximo consenso, abrió un proceso de diálogo con las comunidades para conocer qué criterio de reparto preferían aplicar para distribuir el fondo.
En concreto, de acuerdo con el Real Decreto aprobado en agosto, el criterio que se sigue para las comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación. La asignación a País Vasco y Navarra responde a la población ajustada de 2020 que resultaría de aplicar a todas las comunidades autónomas, incluidas las forales, las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009. Por último, a Ceuta y Melilla se les ingresará un total de 10 millones de euros y, por tanto, 7 millones en la entrega de ayer.
El debate de la financiación
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, había reclamado realizar el reparto en función del Producto Interior Bruto de cada región, más beneficioso para Aragón, pero finalmente se eligió el criterio de «población ajustada», que incorpora efectos correctores como la dispersión, el envejecimiento o el sobreenvejecimiento de la población.
Desde Aragón, con la vista puesta en la reforma pendiente del sistema de financiación autonómico desde el año 2009, se insiste en que debe primar el criterio del «coste real» de los servicios. Por eso, el pasado curso, al decidir el reparto se apostó por el PIB, para evitar que se produzcan más «asimetrías» entre la financiación autonómica si se creaba el precedente de apostar por el criterio poblacional.
Después de que Mariano Rajoy no abordara el debate en 2014, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se trataría el asunto esta legislatura. Pero quedan dos años de mandato y el debate, que se prevé complejo y no seguirá la lógica partidista, todavía no tiene fecha.
Además, en este 2021 las comunidades autónomas han recibido 7.000 millones para ayudar a reforzar la solvencia de pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria y también han percibido transferencias a cargo de los recursos comunitarios: 8.000 millones de euros del fondo REACT, a lo que hay que sumar que ya se han distribuido más de 7.500 millones del Plan de Recuperación en las distintas conferencias sectoriales.
Lambán prevé reunirse «pronto» con las comunidades despobladas
El presidente aragonés, Javier Lambán, manifestó ayer que espera reunirse «en próximas fechas» con sus homólogos de las comunidades autónomas también afectadas por la despoblación, como Galicia, Castilla- La Mancha, Castilla y León y Asturias con el fin de «volver a formalizar la unión» de estos territorios en la defensa de un sistema de financiación autonómica que prime el coste real de los servicios y no el criterio de población.
«La financiación autonómica es la otra cara de la despoblación», aseguró Lambán, que recordó el trabajo ya realizado junto a estas comunidades autónomas, que se plasmó de forma clara en la Declaración de Zaragoza, en septiembre de 2018. «Sería bueno vernos cuanto antes para ratificar lo que ya hemos hecho en este tiempo», recordó Lambán, en referencia a otros encuentros, como el más reciente en Albarracín, para reclamar un régimen que tengan en cuenta la despoblación de los territorios.
El presidente autonómico señaló que tras las reuniones de otros dirigentes, como Ximo Puig (PSOE) y Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) para defender precisamente un reparto que prime la población, «nadie nos podrá reprochar buscar las alianzas correspondientes con quienes tienen el mismo problema que nosotros». También el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, pidió «unidad» en Aragón ante el debate de la financiación autonómica.
