El Ayuntamiento de Huesca reclama a la Asociación para la Protección del Patrimonio Aragonés (Apudepa) 800.000 euros como garantía por la posible pérdida de la subvención europea solicitada para poder acometer el proyecto urbanístico del antiguo Seminario. Esta cuantía se solicita después del auto de medidas cautelares dictado por el juez por el que se suspenden las demoliciones previstas en el edificio y que ha recurrido el consistorio.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, argumentó que esta petición se basa en los perjuicios que conlleva esta cautelar. El primer edil manifestó que «en este país oponerse a todo es gratis y eso no puede ser, sobre todo, cuando afecta al interés general y el interés público, como es el caso del Seminario».

Añadió que «el hecho de tener un proceso judicial en marcha dificultaría al ayuntamiento, a la Universidad de Zaragoza y a la Diputación de Huesca poder presentarnos a una publicación de fondos europeos», por lo tanto, «el daño es importante». El alcalde explicó que se han solicitado 800.000 euros de fianza por parte del consistorio «porque es el 10% que suelen fijar los tribunales en fianzas cuando hay un proceso similar a este». Felipe reiteró que se trata de una cuestión de ciudad. Así, señaló que «la manifestación de interés contemplaba un presupuesto de más de 8 millones de euros (más el IVA), sumando cerca de 11 millones de euros», por lo que «no es una cantidad arbitraria, es una cantidad pensada en elementos jurídicos».

"Cuestión de ciudad"

El alcalde quiso aclarar que «no es una cuestión del Ayuntamiento de Huesca, es de ciudad, donde hay una confluencia de tres instituciones por generar un espacio donde se recupera la centralidad del Seminario en el Casco y para el que se cuenta con los informes favorables de defensa del patrimonio y bloquear esta cuestión es legítimo, pero no puede ser sin coste».

Por su parte, desde Apudepa mostraron su sorpresa por la fianza de 800.000 euros que le pide el consistorio e insistieron en que «la única que pierde es la ciudad».

La presidenta de la entidad, Belén Boloqui, aseguró que «siempre está la posibilidad de recurso» y que «el ayuntamiento dijo que no recurriría y ahora lo hace», pero «de un consistorio no es lo que espera la sociedad y al ver que pide 800.000 euros nos podría dar por llorar, pero más bien nos da la risa porque es una barbaridad». Añadió que «lo que realmente ocurre es que habrá una pérdida patrimonial por el derribo que se proyecta».

Esta organización solicitó la suspensión de las demoliciones previstas en el edificio. En concreto, estaba previsto derribar los patios de los siglos XVI y XIX, por lo que pidió que se protegieran al considerar que se trata de un patrimonio de la ciudad oscense que debe preservarse ante todo, insisten.

Boloqui instó una vez más al ayuntamiento q que cambie el planteamiento y apueste por la conservación del edificio, la única forma de que no pierda nadie, aseguró.