El cuatripartito que gobierna Aragón no ha logrado ni un apoyo de los grupos parlamentarios de la oposición (PP, Ciudadanos, Vox e IU) al Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que sustituye al polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) tras años de batalla legal y protestas en las calles.
El Ejecutivo que sustentan el PSOE, Podemos, el PAR y CHA tan solo ha logrado un consenso interno, lo cual tampoco era sencillo dado el dispar punto de partida de todas estas formaciones, y no ha conseguido acercar las posturas del otro partido de izquierdas, IU, que presentó más de 40 enmiendas y finalmente se ha descolgado del nuevo tributo por considerarlo «decepcionante» ante las expectativas que se habían puesto en él.
Sin apoyos externos, las Cortes de Aragón aprobaron en la sesión plenaria de este jueves el nuevo gravamen, dando así cumplimiento a uno de los pilares fundamentales del acuerdo de investidura del cuatripartito. También, defiende el Gobierno, con el IMAR el ICA «pasa a la historia» y se cumple el dictamen del Parlamento aragonés de la pasada legislatura para reformar dicho impuesto. En la votación, casi punto por punto del articulado del nuevo impuesto, PP, Vox, Ciudadanos e IU votaron en contra de buena parte de las medidas.
El diputado socialista Óscar Galeano, coordinador de la ponencia del nuevo impuesto, destacó que «todos los miembros del cuatripartito han cedido para plasmar el consenso que cumpliera el mandato de las Cortes». Señaló que con el IMAR «el 95% de los consumos domésticos van a ver reducida su factura» y que hay «más supuestos de exención porque se recogen novedades como la tarifa social, y se eximen usos agrícolas».
Ante las críticas del diputado del PP, Ramón Celma, sobre que Aragón insista en el «infierno fiscal» con este nuevo gravamen, Galeano le acusó de «mentir», y le recordó que con la derogación del ICA y la aprobación del IMAR, el Gobierno de Aragón recaudará menos. En concreto, unos 7 millones menos.
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, expresó que «la decepción inicial se ha profundizado tras el proceso de enmiendas». La formación presentó 44, 18 de ellas asumidas de las organizaciones sociales. «El objetivo era reforzar la autonomía municipal, un modelo mixto tasa-impuesto y la progresividad en el impuesto. No ha sido posible avanzar en la negociación», lamentó.
Desde Ciudadanos, su portavoz, José Luis Saz, puso el foco sobre los efectos en las familias numerosas por el posible incremento del coste en los hogares de más de cuatro miembros. «Propusimos que se tuviese en cuenta la renta per cápita en el hogar en que residen varias personas. No se recogió», criticó, tras enumerar otras cuestiones que les alejan del nuevo gravamen, como la necesidad de invertir más en saneamiento.
Desde Vox, la diputada Marta Fernández aseveró que «Vox no puede aprobar una ley que penaliza a las familias numerosas y hogares de más de cuatro miembros». Además, denunció que «no se contempla el principio de progresividad que debería regirlo».
Galeano, sin embargo, insistió en que el IMAR sí será progresivo, y destacó que la tarifa social permitirá a unas 15.000 familias pagar «cero euros» por este impuesto. También el portavoz del PAR, Jésus Guerrero, hizo hincapié en la parte más social del impuesto.
Desde Podemos, que cuando se encontraba en la oposición abanderó de la mano de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) la lucha por la supresión del ICA, ahora defienden el nuevo modelo. Su portavoz, Nacho Escartín sacó pecho porque «el ICA pasa a la historia y con eso cumplimos con un cuerdo de programa, investidura y estrategia y vamos a cumplir la normativa europea». Para el podemista, el nuevo impuesto «corrige un modelo de saneamiento que era injusto y que pusieron en marcha gobiernos del PSOE y el PP con el PAR».
No obstante, dejó patente que no es la normativa que la formación morada buscaba en un primer momento. «Esta ley no es la misma que si Podemos la hubiera traído en solitario. Hemos hecho lo que hemos podido para incluir el mayor número de cuestiones que consideramos importante», aseguró. Con esta ley se consigue, defendió, que «las familias no paguen las depuradoras, sino que lo haga el Gobierno de Aragón en sus presupuestos anuales».
Joaquín Palacín, portavoz de CHA, también consideró que el IMAR da cumplimiento al dictamen de la pasada legislatura. «Es un único tributo que responde al compromiso adquirido en la pasada legislatura y que respeta la autonomía municipal», destacó
