La variante ómicron ha provocado un verdadero tsunami de bajas laborales durante el mes de diciembre, que no tiene visos de remitir en las primeras semanas de enero. En Aragón, más de 19.500 personas estuvieron con incapacidad temporal por contagio o aislamiento preventivo, lo que supone casi cinco veces más --un 454% de incremento-- que en noviembre, cuando hubo 4.295 trabajadores en esta situación, según los datos facilitados a este diario por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), a la que pertenece la aragonesa Maz.
A nivel nacional esta cifra se sitúa en 566.175 bajas laborales en el mes de diciembre, lo que supone un incremento del 632% respecto al mes anterior. A cierre de diciembre quedaban más de 340.000 procesos de baja laboral en vigor, alcanzando máximos de la pandemia, con unos 40.000 procesos más que en los peores momentos de la crisis sanitaria de marzo de 2020.
La patronal de las mutuas asegura en un comunicado que esta situación está provocando «un colapso de los centros de Atención Primaria», donde los médicos «están desbordados» por la prestación de asistencia sanitaria y la gestión de los trámites de bajas y altas laborales. En ese sentido, AMAT advierte de que «este cuello de botella» está generando un «alargamiento innecesario» de la duración de estos procesos de incapacidad temporal, lo que afecta además «a los costes de las empresas y a la actividad económica» y repercute «muy negativamente sobre las cuentas de la Seguridad Social y del Estado».
Por ello, las mutuas proponen aliviar este colapso con un mecanismo a nivel nacional por el que los facultativos tramitaran simultáneamente los partes de baja y de alta en un solo acto médico, con una duración de siete días.
Afectada el 6% de la plantilla de la DGA
La plantilla del Gobierno de Aragón es un reflejo de cómo la pandemia está impactando en el ámbito laboral y los servicios públicos. Ayer mismo estaban de baja en la DGA un total de 3.821 empleados públicos ¬–el 6,7% del total de la plantilla–, de los que 1.960 correspondían a Administración General, 1.097 a Sanidad, 738 a Educacón y 26 a Justicia, según los datos aportados por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, que no especifica detalla el causa médica, aunque se deduce que la mayor parte de los casos son debido al coronavirus. En la misma fecha de hace un año, había 3.421 funcionarios en esta situación.
Desde CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones, expresaron este miércoles su preocupación por cómo puede afectar a los servicios públicos. «Las bajas laborales por covid se suman al déficit estructural de plantilla en muchos servicios públicos, como es el caso de la Sanidad y en general en toda la Administración Pública», afirmó el presidente de esta central en Zaragoza, Alberto Juan.
De momento, añadió, los servicios públicos «se siguen prestando con menos personal, pero estamos muy preocupados por cómo puede afectar el aumento de bajas laborales a las plantillas y a la atención a la ciudadanía en las próximas semanas.
CSIF: "Los trabajadores están agotados y sobrecargados"
"Los trabajadores están agotados y sobrecargados", lamentó el sindicalista. En Sanidad, puntualizó, "venimos denunciando la falta de personal desde hace tiempo". "En Aragón no se renovaron los contratos de refuerzo covid que terminaron en octubre y ahora hay grandes carencias", explicó. Con la nueva ola de contagios, continuó, la atención primaria "está colapsada y las urgencias hospitalarias también al límite".
"Ahora nos encontramos con que las bolsas de interinos de enfermería y facultativos (médicos) están a cero y no hay más personal para cubrir bajas. Así que hay trabajadores que están renunciando a días de fiesta y doblando turnos para poder cubrir todos los servicios", explicaron desde CSIF.
En Educación, el líder del sindicato en Zaragoza considero "claramente insuficientes" las medidas que ha anunciado el Departamento de Educación en Aragón. "Hace falta un refuerzo de plantillas y contratar a más personal para poder hacer desdobles, como se hizo el curso pasado", apuntó. También se mostró preocupado por que las bajas laborales puedan afectar a servicios de atención directa al público, como las oficinas del SEPE u otros organismos.
Además, desde CSIF rechazan que Sanidad permita dar la baja laboral a positivos de covid detectados por autotest, como se ha aprobado esta semana. "No es el medio suficiente ni apropiado para conceder una baja laboral. Debería confirmarse con PCR hecha por profesionales del Salud", señalaron.
