Los investigadores de varias ciudades españolas se han concentrado este lunes para mostrar su malestar por el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Ciencia que solo reconoce el derecho a indemnización por fin de contrato a los que lo firmen a partir del visto bueno a la norma y no a los actuales. En Aragón afectaría a unas 500 personas. 

En Zaragoza la concentración ha tenido lugar a las 12.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad. La concentración en Zaragoza no ha sido la única, ya que, bajo el lema #sinCiencia no hay futuro, hay convocados encuentros en diversas ciudades como Sevilla, Santiago de Compostela, Badajoz, Granada, Castellón, Valencia, Barcelona y Madrid. La cita ha coincidido con la comparecencia de la asociación FPU investiga en el Congreso de los Diputados.

El pasado viernes, la ministra de Ciencia, Diana Morant, escribió en un tuit en el que dijo que no se iba a discriminar a las personas actualmente contratadas, pero las organizaciones convocantes, incluida PIF (Personal Investigador en Formación) Unizar, mantienen las concentraciones puesto que salvo por ese comentario en redes sociales «no hay una rectificación formal» a ese anteproyecto de ley, aseguran. 

Convocatoria de la protesta.

Los investigadores llevan, según afirman en la convocatoria de las concentraciones, años "luchando para conseguir el derecho a indemnización por fin de contrato" para el colectivo pre y posdoctoral, pero la reforma de la Ley de Ciencia solo reconoce este derecho a los futuros contratos firmados, dejando fuera a los que están en activo. Así, el Gobierno "vuelve a negarles una mísera indemnización (12 días por año trabajado) que a duras penas les permitiría sobrevivir hasta encontrar un nuevo contrato", probablemente, dicen, "igual o más precario que el anterior".

Convocatoria nacional.

Aseguran además, que aunque valoran los avances del Anteproyecto de Ley de modificación de la norma del 2011, consideran necesarias abordar cuestiones como la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación, que regule sus derechos; la modificación de las retribuciones mínimas del Estatuto del Personal Investigador en Formación; la integración del personal en los convenios colectivos, la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación, la eliminación de la tasa de reposición; y el desarrollo de un marco claro de incorporación y carrera profesional del persona de investigación en las plantillas de Sistema Nacional de Salud, así como la atención a colectivos más vulnerables y la creación de una oficina de Integración Científica nacional vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.