La lucha contra el fraude laboral y la economía regular no se ha parado a pesar de la pandemia. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) cerró el 2021 con un total de 7.146 empleos regularizados en Aragón gracias a las actuaciones contra los abusos en la contratación (5.327 temporales convertidos en fijos) y la vigilancia del empleo no declarado (1.819 casos), lo que ha tenido una especial visibilidad en el sector agrario. Otro de los números destacados del balance anual son las 2.944 infracciones aplicadas a alrededor de 1.400 empresas de la comunidad autónoma, a las que impuso sanciones por un volumen conjunto de 13,8 millones de euros, una cifra que se ha incrementado en un 44% –4,3 millones más– respecto a los 9,5 del ejercicio anterior.
La actividad en la comunidad de la policía laboral, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Socia que lidera Yolanda Díaz, se tradujo en la tramitación de 15.869 expedientes, lo que supone una caída del 8% respecto al año anterior, según los datos facilitados a este diario por el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García. El leve descenso de la actividad se debió a un ataque informático sufrido por el organismo el pasado verano, que limitó el sus funciones varias semanas.
El balance se completa con los 13,3 millones de euros liquidados a la Seguridad Social por el fraude aflorado. Este fue el resultado de los 30.753 controles realizados, de los que 8.350 fueron visitas a centros de trabajo y empresas. De ellas, 995 en horarios especiales (nocturnas y fines de semana) y 7.365 diurnas. «Aparte de las dificultades de la pandemia, vuelve a haber denuncias en la calle, que son expedientes muy complejos y hemos hecho un gran esfuerzo en las campañas agrícolas de temporada», destacó García.
Empleos regularizados
Por materias, la seguridad y salud laboral fue uno de las principales campos de actuación, con 3.419 expedientes finalizados. En el ámbito de las relaciones laborales se cerraron 3.049 y otros 454 sobre el empleo. Y como ocurre todos los años, el grueso de la actividad inspectora se registró en asuntos vinculados a la Seguridad Social, con 8.063 ordenes de servicio –el 50% de todas las realizadas– , a las que se suman 86 en extranjería.
Del total de empleos regularizados, 1.819 fueron aflorados en la economía sumergida. La mayor parte de estos corresponden a trabajos ocultos o en negro, es decir, trabajadores cuya actividad no estaba reconocida por falta de alta en la Seguridad Social (1.602 personas, de los 242 fueron detectados en campañas agrícolas) o empleados extranjeros que carecen de autorización para trabajar (120).
Otra parte de este tipo fraude tiene que ver con el llamado trabajo en gris, el que se encuentra regulado parcialmente, como la realización de una actividad a tiempo completo pero declarada a tiempo parcial o por un encuadramiento inadecuado. En concreto, la Inspección de Trabajo consiguió el pasado año ampliar la jornada laboral a 158 trabajadores aragoneses –el 60%, mujeres– que estaban contratados a tiempo parcial de forma indebida. De ellos, a 94 se le ha incrementado el horario en más del 50% y a 64 en menos de ese porcentaje.
Abusos de temporalidad
Por otra parte, la Inspección de Trabajo consiguió el pasado año transformar en indefinidos 5.327 contratos que eran temporales, un 43% menos que en el 2020, un año que fue sobresaliente en esta materia con la regularización de 9.384 empleos en fraude de ley por abuso de la temporalidad. En cualquier caso, la cifra de 2021 es la segunda más alta que se ha cosechado en este capítulo a lo largo de los últimos ejercicios: 4.939 en 2019, 4.119 en 2018, 3.460 en el 2017, 2.749 en el 2016, 1.853 en el 2015, 1.572 en el 2014 y 1.586 en el 2013.
La actuación de la autoridad laboral contra los abusos de la temporalidad se ha intensificado de forma notable desde 2018 gracias a los planes de choque por el trabajo digno que se pusieron en marcha con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. De total de contratos temporales convertidos en fijos el pasado año, 2.878 fueron gracias al refuerzo de esta línea de actuación y otros 2.449 a través de la actividad ordinaria de control de este tipo de fraude laboral.
En prevención de riesgos laborales, la crisis sanitaria y la consiguiente reducción de las visitas presenciales ha mermado las actuaciones programadas por la Inspección de Trabajo, lo que reducido de algunos indicadores de su actuación. A pesar de ello, la ITSS ha jugado un papel destacado en el control de las obligaciones de salud pública asociadas al covid-19 en coordinación con la DGA. A cierre del 2020 se finalizaron 436 inspecciones por este tipo de incidencias, de las que se derivaron 30 infracciones por un importe de 116.745,40 euros.
A las actuaciones ordinarias de control y detección del fraude se han sumado en los dos últimos años otras relacionadas con el covid-19. En prevención de riesgos laborales, la crisis sanitaria y la consiguiente reducción de las visitas presenciales ha mermado algo las actuaciones, lo que ha reducido algunos indicadores de la labor inspectora. Cabe recordar que la Inspección de Trabajo ha jugado un papel destacado en el control de las obligaciones de salud pública asociadas al covid-19 en coordinación con la DGA. En este ámbito se finalizaron 270 controles en 2021.
El control del fraude en los ertes del coronavirus ha sido otro de los asuntos en los que ha puesto el foco. El pasado año llevó a cabo en Aragón 410 inspecciones sobre este mecanismo de regulación temporal de empleo, de las que se derivaron 83 infracciones por un importe total de 496.892 euros. En este caso, el fraude aflorado a la Seguridad Social ascendió a 371.357 euros, de los que 80.1782 fueron por prestaciones de paro que deben devolverse.
Un organismo con una plantilla de 112 trabajadores en Aragón
El cuerpo de efectivos en la calle de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) está formado actualmente por 67 trabajadores (hay vacantes seis plazas pendientes de cobertura). En concreto, el organismo dispone en la comunidad de 28 inspectores (20 en Zaragoza, cinco en Huesca y tres en Teruel), dos más de los que había en 2020. Hay otros 39 subinspectores laborales (25 en Zaragoza, ocho en Huesca y seis en Teruel), uno menos que hace dos años. Además, este organismo público, dependiente del Ministerio de Trabajo, cuenta con otros 45 trabajadores en tareas de administración y servicios, con ocho vacantes sin cubrir. La plantilla total es de 112 personas, 11 menos que en el año 2020.
