El Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro ha dado luz verde al Plan Hidrológico del Ebro para el periodo 2023-2027 con más de 3.600 millones de inversión en estos cuatro años, el compromiso de la creación de 28.000 hectáreas de regadío y el mantenimiento de la reserva hídrica estatutaria de 6.550 hectómetros cúbicos.
El plan salió adelante con el voto favorable del Gobierno de Aragón y de la mayoría de los integrantes del Consejo del Agua, y el voto en contra del PP y de Podemos, por distintas razones. El documento contó con 41 votos a favor, 30 abstenciones y 9 votos en contra después de un periodo de participación de seis meses.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés, Joaquín Olona, incidió en que el Gobierno "no renuncia a ninguna obra hidráulica en la comunidad", pero pidió ceñirse al "horizonte temporal y presupuestario" que marca el plan para afrontar las obras restantes "con realismo".
El proyecto del plan, tras el informe favorable del Consejo del Agua, será trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica. Entre otros trámites posteriores se destaca el informe que deben realizar el Consejo Nacional del Agua, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito al ministerio, y el Consejo de Estado, y la finalización de la tramitación ambiental estratégica preceptiva. La aprobación de este documento, con los cambios que se puedan producir en este proceso, será mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
El Consejo del Agua, con 98 miembros con derecho a voto, es un órgano colegiado y de participación de la demarcación, entre Administraciones (ministerios, comunidades autónomas y entidades locales), usuarios, asociaciones agrarias, asociaciones ecologistas, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales. Una vez aprobado definitivamente, el Plan Hidrológico del Ebro estará vigente hasta 2027.
Según la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se trata de un documento «realista» en el que solo se recogen las medidas con compromiso financiero de las distintas Administraciones con competencias que inciden en la gestión del agua, un total de 1.197 medidas con una inversión de 3.665 millones de euros. La presidenta del organismo de cuenca, María Dolores Pascual, señaló que es "el mejor plan de los posibles".
Una de las cuestiones claves es que el Plan no incluye nuevas actuaciones de regulación y se prevén solo aquellos proyectos de transformación en regadío procedentes, en su mayoría, de planes anteriores.
El titular de Agricultura aragonés, destacaba varios aspectos, como "la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos del Estatuto, que es ineludible y se ha tenido en cuenta".
"Y de las 30 obras, no renunciamos a ninguna de ellas. En ningún sitio podrá nadie leer que no se van a hacer. No están en el horizonte de planificación, no se van a contemplar de aquí al 2027, pero para mí será un gran logro que en el 2027 tengamos finalizado Yesa, Santolea, Almudévar y Mularroya", defendió Olona, que pidió abordar el resto de obras en la planificación siguiente.
Desde el PP, el diputado Ramón Celma criticó que "se eliminan 30 pequeños embalses de agua de boca y usos industriales, y 150.000 hectáreas de modernización de regadío".
Marta de Santos, de Podemos, lamentó que el plan "no afronte con valentía infraestructuras útiles y alternativas que hagan frente al cambio climático".
