Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han hecho este viernes un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que se manifiesten el Primero de Mayo por la subida salarial y por la contención de la inflación generada por la guerra de Ucrania y la brusca subida del precio de la energía, dos hechos relacionados entre sí. El objetivo, han mantenido, es "mantener el poder adquisitivo" de la clase trabajadora.
Así resumieron el lema de la convocatoria de este año, tras dos ejercicios marcados por la pandemia, los secretarios generales en Aragón de UGT, Daniel Alastuey, y de Comisiones Obreras, Manuel Pina.
Alastuey señaló que, inicialmente, hasta el estallido del conflicto en el Este de Europa, el Primero de Mayo iba a servir para hacer el "balance" de la actividad sindical interrumpida por la pandemia. "Habíamos conseguido reanudar el diálogo social", ha apuntado, que se vio "truncado por la covid", subrayó.
En este sentido se refirió a los ertes y a las medidas de apoyo social. Y señaló que el objetivo de las fuerzas sindicales fue revertir la reforma laboral, mejorar las pensiones y dignificar el salario mínimo interprofesional.
Dignificar el salario mínimo
Apuntó que en estos campos ha habido avances "muy positivos", dado que se revirtió la reforma de las pensiones de 2013 y se "dio la vuelta" a la Seguridad Social, así como que se consiguió dignificar el salario mínimo, "que en 2023 será ya el 60% del salario medio en España".
En cuanto a la reforma laboral, señaló que tiene "aspectos positivos" , ya que supone "prolongar el mecanismo de los ertes" en situaciones de crisis, se refuerza la negociación colectiva y se apuesta por el contrato indefinido. Todo esto, añadió Alastuey, se está notando ya en que el empleo definitivo está sustituyendo a puestos hasta ahora precarios.
Por su parte, Manuel Pina, de Comisiones Obreras, se congratuló de que este año se reanude "un Primero de Mayo normalizado", si bien lamentó que se vea "marcado por la guerra". El sindicalista denunció que "las empresas están trasladando el aumento de los costes a los precios de sus productos, pero se niegan a aumentar los salarios". Pina tuvo palabras muy críticas contra la reforma fiscal del PP.
Sostuvo que la menor presión impositiva en España se traduce en la pérdida para el Estado de unos ingresos anuales cifrados en 60.000 millones de euros. Y aseguró que, por esa vía, que perjudica al gasto social, se podría llegar a ser "un país intervenido".
