Hace un año, la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, anunció la compra de 300 pistolas eléctricas o táser. Los agentes destinados en Madrid las estrenaron ayer, pero en Zaragoza siguen cogiendo polvo en el almacén cuatro meses después de que se entregaran a la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Llegaron tan solo siete unidades, pero primero el principal problema fue que faltaban los complementos que lleva este arma como la cámara instalada en el chaleco y que graba la intervención. Luego fue, según, el departamento que dirige Francisco Grande-Marlaska, que había un problema relacionado con la Ley de Protección de Datos. Y el siguiente retraso, ya en lo que se refiere a Aragón, es que no había formador. Mismo problema hubo con la entrega de bastones extensibles, que se ha quedado a mitad porque no había nadie que explicara cómo se emplean. 

Mientras en la comunidad autónoma siguen esperando esta medida muy demandada por los sindicatos policiales para reducir riesgos, tanto para los agentes como para los detenidos puesto que con una descarga eléctrica se inmoviliza al sospechoso, en Madrid ya están en manos de 85 agentes, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR ) y de otras unidades de seguridad ciudadana tras ser habilitados como operadores de este tipo de dispositivos. La Policía Nacional ha recordado que todos los agentes que integran la Red Nacional de Especialistas de Armamento y Tiro están habilitados como instructores para formar a otros policías en su uso.

El pasado 26 de abril, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, garantizó en la Comisión de Interior del Congreso que no distribuirían pistolas eléctricas sin su correspondiente cámara de grabación para supervisar su buen uso y evitar «daños innecesarios a los ciudadanos». Pardo informó de que ya se habían entregado las primeras 150 pistolas Taser a la Policía Nacional y que la Guardia Civil cuenta con la misma cifra de estos dispositivos.

Siete municipios aragoneses han tomado la delantera con sus policías locales y usan este sistema que emplea descargas eléctricas a sus respectivas policías locales. Han pasado ya seis años desde que La Puebla de Alfindén incorporó las Taser a sus agentes municipales. Le siguieron las localidades de Tauste, Ejea de los Caballeros, Monzón, Pinseque y La Almunia de Doña Godina y Fraga. El precio mínimo de cada una supera los 2.300 euros.

Los Mossos d’Escuadra y la Ertzaintza comenzaron a emplearlas en el 2018. Su uso está contraindicado en mujeres embarazadas, personas que se encuentren en situación de sufrir una caída peligrosa o en menores de menos de 12 años. También entraña un riesgo superior para el individuo disparado si la descarga la recibe cuando se encuentra bajo efectos de alguna droga o tiene alguna patología coronaria.