El debate fiscal vuelve al primer plano de la política. Tras la supresión del impuesto de Patrimonio anunciada por Andalucía y la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de centralizar impuestos para evitar que las autonomías compitan entre sí en materia fiscal, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha colocado en una posición algo intermedia. A preguntas de los periodistas, abogó este martes por avanzar hacia una armonización fiscal porque siempre ha considerado de «sentido común» que no hubiera «excesivas diferencias» entre unas y otros comunidades, pero recalcó que cualquier cambio en este sentido debe hacerse «respetando» el autogobierno de cada una.
«Cualquier acuerdo de esa naturaleza, que puede ser bueno en sí mismo, debe producirse en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las comunidades autónomas como protagonistas», aseguró el mandatario socialista.
Desde la DGA defienden sin ambages la idoneidad y continuidad del impuesto de Patrimonio por su carácter «redistributivo» y «solidario», según apuntaron a este diario fuentes de la consejería de Hacienda, que apostaron por «respetar un margen de maniobra» a las autonomías en la aplicación del impuesto pero fijando un «suelo». En cualquier caso, rechazaron la vía emprendida por Madrid y Andalucía al considerar que «dejar de tributar por la riqueza rompe el sentido de la solidaridad».
En Aragón lo pagan todos los ciudadanos cuyo patrimonio neto que supere los 400.000 euros, un cálculo que se hace contando el valor de sus posesiones, restando el importe de sus deudas y quedando excluida la vivienda habitual (hasta los 300.000 euros iniciales), los planes de pensiones y los bienes empresariales o profesionales (el valor de un negocio). Además de estas exenciones, está bonificado al 99% para las personas con discapacidad.
¿Quién lo paga el impuesto de Patrimonio?
Un total de 14.812 aragoneses tributaron por este impuesto en 2020, un cifra que creció en 850 declarantes (un 6% más) respecto a 2019 a pesar de la crisis de la pandemia. En cualquier caso, suponen menos del 1% de la población de la comunidad. El patrimonio medio declarado fue de 1,72 millones de euros por cada contribuyente. La riqueza total de todos ellos alcanzó los 25.600 millones, un 5,3% más en relación a los 24.309 millones del anterior ejercicio. Se trata de solo 10.000 millones menos que la riqueza que generó la economía aragonesa (PIB) el año del covid (35.290 millones).
Aragón recaudó con este impuesto 53,6 millones de euros en 2021 (del año fiscal de 2020), un 8,5% más que el ejercicio anterior (49,4 millones). Estos ingresos representan aproximadamente el 14% de lo que obtiene la DGA con los tributos cedidos por el Estado que gestionan las comunidades autónomas (Sucesiones, Donaciones, ITP y AJD).
El gravamen, cedido a las autonomías y nacido en 1977 como impuesto «extraordinario» se reinstauró en 2011 tras la crisis que estalló en 2008 y para incrementar la recaudación. El tributo dejó de exigirse entre 2008 y 2010. Posteriormente se fue prorrogando su vigencia a través de los Presupuestos Generales del Estado hasta consolidarse de forma permanente en los de 2020.
Entre el 2015 y el 2016, el Ejecutivo aragonés, entonces en manos de la coalición de gobierno PSOE-CHA, redujo el mínimo exento del citado tributo de 500.000 a 400.000 euros, lo que hizo que más aragoneses se vieran obligados a pagar el impuesto. De hecho, ese umbral es el más bajo de todo el país. En la mayoría de comunidades el mínimo se sitúa en los 700.000 euros.
