El Periódico de Aragón

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Radiografía del sector

Las escuelas infantiles de Aragón «sobreviven» pero su situación es «insostenible»

La patronal Pacei señala que han subido el precio un 3% pero más la luz y la compra / En Aragón hay 123 centros, que ofertan 3.800 plazas, de las que mil están vacantes

Una educadora juega con tres niños en Nanyland San Francisco, en la capital aragonesa. ANDREEA VORNICU

El sector de las escuelas infantiles en Aragón lleva «tocado» mucho tiempo: por la escolarización anticipada, la bajada de la natalidad y el covid, «que tampoco ha ayudado mucho». De hecho, desde la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei) señalan que durante la pandemia se cerraron alrededor de 25 escuelas. En estos momentos, hay a132 en todo Aragón, que ofertan 3.800 plazas, lo que supone un 40% de la oferta total; de las que mil todavía están vacantes, porque su inicio de curso no es en septiembre, ya que la mayoría abre durante todo el año.

A toda esta problemática ha venido a sumarse el aumento de la factura de la electricidad y de la cesta de la compra. Se nota «muchísimo», explica Olmo Aznar, vicepresidente de Pacei, ya que se trata de «instalaciones muy grandes, que cuesta mucho calentarlas e iluminarlas». El mínimo de un centro de educación infantil es de unos 380 o 400 metros cuadrados, así que es un espacio grande, con techos altos, aulas ventiladas que «hay que estar calentando el aire constantemente». De media, la factura de la electricidad ha subido unos 300 euros y para los que tienen cocina «la cesta de la compra se ha duplicado», explica Aznar. Sin embargo, esa subida no la han aplicado los centros porque «las tarifas las preparamos con muchos meses de antelación y no podíamos prever esto», puntualiza. El precio medio de una escuela infantil es de 270 euros más el comedor, aunque varía según el barrio; y este año han subido un 3%.

Esto hace que los centros «se traspasen» o no se abran porque aunque señala que «las cuotas son altas no son tanto como deberían ya no para tener beneficios si no para no perder», afirma. Y es que abrir un centro cuesta entre 300.000 y 400.000 euros. Esta situación provoca que muchas escuelas no hayan abierto pero «no se dan de baja» y las compañeras estén «malviviendo». Y es que muchas se mantienen abiertas porque «se adeuda mucho dinero» y señala que si siguen así las facturas está el «instinto de supervivencia pero si no se nos ayuda, en septiembre muchos centros no abrirán». Además, son fuente de empleo femenino, porque el sector da trabajo a alrededor de 1.300 personas, de las que la mayoría son féminas.

Pacei pide que se reconozca al sector privado, a aquellas mujeres, que en los años 80 «comenzaron a dar estos servicios porque si no hubiera sido por esos valientes, la industrialización y la incorporación de la mujer al trabajo no hubiera sido posible»

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Explica que el precio no es «libre» ya que desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón «no se nos da soporte y se nos pide unos requisitos mínimos que condicionan de manera indirecta el precio», asevera Aznar, quien critica que en todas las comunidades, las escuelas infantiles «tienen ayudas económicas o incluso son gratuitas porque el coste lo asume la comunidad autónoma. Todas menos Aragón, que lo asume completamente la familia». La única ayuda proviene del Ayuntamiento de Zaragoza y su cheque bebé, que va destinado a familias con niños en centros autorizados pero «no es para todas las etapas, solo para los nacidos en 2021».

Esa es otra de sus reivindicaciones, la regulación. Y es que en Aragón conviven cuatro tipos de centros, los autorizados, con «requisitos muy duros», los centros alegales, que son guardería con «licencia de ludoteca, en los que no hay ratio de niños ni se conoce la titulación de los monitores», explica. Es lo que denominan «un guardaniños». 

Una niña investiga dentro de una casita en el centro de educación infantil. ANDREEA VORNICU

Están también los centros que impulsa los de la DGA, que «muchos no cumplen con la normativa» y los del Ayuntamiento, adscritos al servicio de Bibliotecas. Esta situación es ajena a muchas familias, que desconocen que los autorizados están marcados las ratios, cuentan con inspecciones y no son guarderías si no «centros de educación».

En cuanto al futuro del sector, Olmo Aznar no cree que sea muy optimista, ya que aventura «la desaparición de las aulas de los bebés, las destinadas a los menores de 1 año porque «cada vez se alargan más las bajas maternales y paternales y no se puede sostener a una educadora para dos niños, a la espera de que en marzo o abril se unan más». Esto, reconoce, será un problema para las familias, porque la natalidad es baja y «todavía se ponen más dificultades a las familias».

Esperan que se aplique la Lomloe, en cuyo artículo 12 se exige que «todos los menores de tres años vayan a un centro autorizado por Educación», que son los que representan la sector y no a guarderías. Y el tercer paso, sería la consecución de una ayuda económica, una compensación o gratuidad para que «los colegios no engullan las aulas porque no son espacios aptos para los más pequeños».

Desde Pacei piden que se reconozca al sector privado, a aquellas personas, en su mayoría mujeres, que en los años 80 «comenzaron a dar estos servicios, porque la comunidad tiene una deuda histórica con estos pioneros, porque si no hubiera sido por esos valientes, la industrialización y la incorporación de la mujer al trabajo no hubiera sido posible».

Ahora, buscan la manutención de esos puestos de trabajo, unos 1.300, porque muchas de estas trabajadoras tienen «difícil reinserción» y serán familias «endeudadas hasta las cejas si hay que hacerse cargo de los pagos de los centros» si no se pueden mantener abiertos».

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