El Gobierno de Aragón va a remitir al Ministerio de Política Territorial un requerimiento para reclamar la modificación de los criterios evaluables para designar la sede de la futura Agencia Espacial Española, a la que aspira Teruel, y reclamar la suspensión del plazo de 30 días para la presentación de candidaturas. El Estado dispondrá de un mes para contestar, aunque da la impresión de que ese tren va a ir entrando poco a poco en vía muerta, sobre todo tras conocer la opinión del Gobierno central y del aragonés, que rechazan que se haga un drama de cualquier decisión que incluya a la provincia sur de Aragón.
"No podemos hacer de cada anuncio un lamento", manifestó este miércoles la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que recordó que la descentralización ya llegó a la provincia con el Centro de Competencias Digitales de Teruel, cuya actividad arrancó el pasado julio con 20 empleados y alcanzará los 50 o 60 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento.
"Hay cuestiones excepcionales que están llegando a Teruel (el nudo de Andorra o las ayudas a las empresas) e incluso de algunas estamos haciendo un debate llamativo", señaló Pérez, que quiso separar este aspecto de la reclamación objetiva que ha puesto en marcha la DGA. "Se está pecando en exceso de ese discurso, que provoca el efecto contrario al buscado".
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el martes a Teruel Existe que no caiga en "reproches de agravio territorial" en sus demandas para acoger sedes estatales. El jefe del Ejecutivo insistió en que se eviten esos reproches que, a la larga, "suponen fortalecer a las formaciones políticas que piden dejar las cosas en Madrid", por lo que demandó que "entre todos contribuyamos a desarrollar una cultura de la descentralización".
En cualquier caso, Mayte Pérez explicó en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno que se va a seguir peleando para cambiar "los parámetros que vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede", lo que no obsta para reconocer la preocupación por el hecho de que "el exceso de victimismo" acabe perjudicando a la provincia.
El requerimiento aprobado este miércoles señala que la orden "no se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la comunidad", ya que los criterios fijados lejos de impulsar la vertebración y la cohesión del país, como defendió desde el principio el Gobierno de España, ahondan en el desequilibrio territorial.
En concreto, el Ejecutivo autonómico exige que se eliminen como requisitos evaluables la existencia de "una amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo, tren, especialmente trenes de alta velocidad, y por carretera", así como "la distancia menor de una hora desde la sede a un aeropuerto internacional con conexiones a Bruselas y París" y "vuelos a Ámsterdam, Roma y Frankfurt, Praga y Toulouse", como valorables positivamente.
Entiende el Ejecutivo que estos criterios profundizan en el desequilibrio territorial, perpetúan la brecha entre zonas consolidadas y menos desarrolladas y niegan la igualdad de oportunidades para los territorios de la España más despoblada, como Teruel, puesto que "solo pueden cumplirlos los territorios perfectamente vertebrados".
"Se vulneran así de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede", de acuerdo al Real Decreto 209/2022 para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal; al artículo 103.1 de la Constitución española y al 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Según los servicios jurídicos de la DGA, los criterios "contravienen claramente" el artículo 2 del Real Decreto, en el que se dispone que la determinación de las sedes se realizará atendiendo, entre otros, a los principios de "vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad".
"Los parámetros, lejos de contribuir a la ruptura de esta dinámica que perpetúa la despoblación y la depresión de la economía, se orientan al efecto contrario", destacan desde el Gobierno de Aragón
Considera el Ejecutivo autonómico que "se perpetúa una situación que se reitera de forma constante, en virtud de la cual no se refuerzan las infraestructuras en determinados territorios por ausencia de interés socioeconómico que lo justifique, y este mismo déficit de infraestructuras es el que ahuyenta toda posibilidad de atractivo para la instalación de proyectos socioeconómicos".
De esta forma, los parámetros, "lejos de contribuir a la ruptura de esta dinámica que perpetúa la despoblación y la depresión de la economía, se orientan al efecto contrario".
También se infringe el principio de adecuación al sector de actividad, que "pasa a un último plano, al quedar condicionada su consideración y valoración a la previa superación de unos requisitos que únicamente pueden cumplir zonas densamente pobladas dotadas de infraestructuras consolidadas".
Además, se relega a un segundo plano candidaturas, como la de Teruel, "especialmente idóneas" atendiendo a factores técnicos y de investigación, que hacen de la capital turolense un incipiente polo de desarrollo en materia aeroespacial.
Una afrenta a la igualdad de oportunidades
De esta forma, el requerimiento se basa también en la quiebra de los principios de buena fe y lealtad institucional, "al distanciarse gravemente del planteamiento inicial invocado por la Administración del Estado" e "ignorar la propia declaración de intenciones de la Comisión consultiva" responsable del proceso de descentralización, que indicaba que se considerarían "la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo y la lucha contra la despoblación".
El Gobierno de Aragón lamenta que el proceso supone "una afrenta a la igualdad de oportunidades al descartar, de inicio toda candidatura que no satisfaga unas exigencias de imposible cumplimiento para la mayor parte del territorio español y que no se relacionan con la actividad a desarrollar, sino con el desequilibrio territorial que lastra el crecimiento social, económico y demográfico de algunas zonas, y que el acuerdo del Consejo de Ministros viene a perpetuar".
Por último, alega la "indefensión jurídica” que genera el desconocimiento de los criterios de valoración de cada uno de los requisitos que se evaluarán, y el cómo se va a llevar a cabo su análisis, lo que interfiere en la transparencia, confianza legítima, equidad e igualdad del proceso de descentralización de sedes.
"Teruel reúne unos criterios objetivos, pero ha habido unos condicionantes que no se cuantifican y eso es lo que precisamente pedimos nosotros", ha dicho la consejera de Presidencia, que no sabe "si será posible" que este requerimiento no acabe en los tribunales pero está abierto a cualquier tipo de conversación con el Gobierno central para tratar de aclarar el asunto.
