El bienestar animal: un derecho salpicado por las excepciones

La futura Ley de Bienestar Animal ha generado un debate muy dispar, con posiciones muy alejadas entre los que están a favor y en contra. Es difícil encontrar una postura intermedia entre los agentes afectados o implicados por una norma que tiene un objetivo muy claro: acabar con el abandono y maltrato animal. Con un largo recorrido por delante, en el centro de la polémica están los perros de caza y está por ver si finalmente se excluyen o no de esta norma. 

No es el único aspecto que ha generado controversia entre los veterinarios, las protectoras, los animalistas, los criaderos, los expertos en derecho animal, el sector de la caza y, claro está, los partidos políticos. Ni los socios de Gobierno defienden una postura común. 

La tramitación de la ley lo que pretende es «fijar unos mínimos para unificar los criterios de las comunidades autónomas», explica la presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Zaragoza, Marisa Gutiérrez. La norma, «más que hablar de los derechos de los animales, lo que hace es garantizar su protección y poner freno al abandono, que es inaceptable y ocasiona un importante gasto a las administraciones, que asumen cuidado», apunta tras admitir que será «difícil» de controlar su cumplimiento. 

El alegato de expertos contra la Ley de bienestar animal: "Es más una ley animalista"

Este proceso se está llevando a cabo a la vez que se está trabajando en la reforma del Código Penal, que elevará las sanciones y penas de cárcel por los delitos de maltrato animal y que dejará en manos del juez la decisión de recurrir a la multa (de hasta 600.000 euros) o a la prisión. 

¿Qué pasa con los perros de caza?

En el centro de polémica está la exclusión o no de los perros utilizados con fines cinegéticos. Obviamente, desde la Federación Aragonesa de Caza defienden que sus perros no estén sujetos a la normativa porque, dicen, sería el principio del fin de esta práctica, un activo muy importante para la economía aragonesa, defienden también desde el PSOE en Aragón. En concreto, genera un impacto económico de 263 millones de euros anuales. 

"Si una hembra es muy agresiva y la esterilizas lo único que vas a conseguir es perpetuar ese comportamiento"

Actualmente hay 46.873 licencias de caza, unas 3,000 más que el año pasado, y 28.000 cazadores están federados. «Al año se abaten 30.000 jabalíes en la comunidad y se cazan alrededor de un millón de conejos», cuantifica el presidente de la Federación de Cazadores, Miguel Ángel Girón, que asegura que si finalmente la ley afecta a los perros de caza será el inicio de su desaparición. El PSOE comparte este augurio, pero no desde Podemos, que recuerda que la ley no va a prohibir esta actividad, «solo sus malas prácticas». 

 «Como en todos los colectivos habrá gente que maltrate a sus perros, sí. Por desgracia en todos los sitios hay bárbaros, pero son una minoría. Los cazadores cuidamos a nuestros perros, los queremos y mimamos», asegura Girón, que insiste en que por no transportarlos con climatización --lo exigiría la ley-- no se les cuida mejor o peor, por poner un ejemplo nimio. «Creo que es mucho peor para un animal estar todo el día encerrado en casa o en un balcón. A mí los galgos que viven en pisos sí que me dan pena porque son animales que necesitan correr 15 kilómetros al día, no bajar a la calle a hacer sus necesidades y ya está. Para mí eso es maltrato», prosigue. 

Los perros truferos, también en el limbo

Desde la Asociación de Truferos de Zaragoza también defienden que sus canes queden al margen. «Los perros son nuestros compañeros. Somos los primeros interesados en cuidarlos y en que estén en las mejores condiciones porque sin ellos no podemos realizar nuestro trabajo», resume Ana Loscos, que explica que además del control veterinario, trabajan con los perros para que sientan que su actividad es un juego. «Los perros están cuidados siempre, y nos preocupamos para que su alimentación sea la mejor, que no desarrollen miedos, ansiedad y tengan siempre sus momentos de esparcimiento. No solo durante la época de recogida (de noviembre a abril), sino todo el año», añade. 

Para los veterinarios sería un gran error excluirlos. «Partimos de la equivocación de pensar que son animales de trabajo. No, porque la caza es un deporte, es ocio, y considerar que no son animales de compañía es una aberración. Quizá lo que habría que hacer es adaptar la ley a sus circunstancias», señala Luis Javier Yus, del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, que destaca que el 40% de los animales censados en Aragón son de caza. En la comunidad se calcula que hay unos 100.000 canes. 

Para las protectoras, como Adala, excluir a los perros de caza o pastoreo sería «discriminatorio» y un «retroceso» porque los dejaría más desprotegidos todavía. 

"Imagina que tengo un macho y una hembra que son muy buenos truferos, lo normal es que quiera aprovechar su genética y los cruce"

La esterilización

Otro de los asuntos que genera controversia es la obligatoriedad de esterilizar a los animales. Todos aquellos que utilizan a los perros con fines cinegéticos están en contra, acostumbrados a cruzar a sus mejores perros. «Imagina que tengo un macho y una hembra que son muy buenos truferos, lo normal es que quiera aprovechar su genética y los cruce», resume Ana Loscos. Mismo ejemplo utilizan los cazadores.

En este sentido, Yus explica que la esterilización no siempre es recomendada. «Por ejemplo, si una hembra es muy agresiva y la esterilizas lo único que vas a conseguir es perpetuar ese comportamiento. Debería ser una decisión científica, que tomen los profesionales, no una obligación», ejemplifica. 

El presidente de la Asociación Española de Razas Nórdicas y Akita, Carlos Rincón, considera que está decisión «es una salvajada» puesto que a futuro «acabará con las razas puras y con la cría responsable». Además, considera que algunos aspectos como la esterilización y castración son contrarias a lo que pensaban que defendían muchas asociaciones animalistas. 

Respecto a los límites de la cría por parte de particulares, señala que esta ley va a fomentar los «multicriaderos o granjas de perros que no realizan una cría responsable en la que utilicen ejemplares testados y exentos de enfermedades genéticas», algo que asegura «es la base de una cría responsable que vele por el bienestar animal». 

Para Rincón, «tratar de utilizar el binomio camadas indeseadas con criaderos no es acertado, ya que existen muchos criadores responsables que no abandonan jamás sus cachorros y tratan de buscar el mejor acomodo para sus perros». 

La realidad es que cualquiera podrá dedicarse a la cría, ya que solo necesitará estar inscrito en un registro específico. «Lo que se va a hacer es fomentar los criaderos en el extranjero, donde no se tiene en cuenta el bienestar animal», señalan desde el Colegio de Veterinarios. 

La eutanasia

El sacrificio cero ya impera en las protectoras y en las perreras, sin embargo, los veterinarios exigen que esta condición no se aplique en el ejercicio de su profesión y que sean ellos, los expertos, los que puedan decidir si es la alternativa más justa en un animal. «A veces, aunque hay tratamiento no hay solución para la mascota, abocada a un largo sufrimiento si se nos prohíbe la eutanasia», asegura Yus. 

Falta de diálogo

Si en algo coinciden todos es en que el borrador se ha redactado sin contar con los expertos. «Esto es una ciencia y no han tenido en cuenta ni nuestra opinión ni nuestras alegaciones», lamenta el representante del Colegio de Veterinarios, que asegura que la ley «es urbanita» y no contempla las peculiaridades del mundo rural. «En la ciudad los gatos viven encerrados en pisos pero en un pueblo de 100 habitantes van de corral en corral, no pueden regir las mismas normas», explica una vez más tirando del ejemplo práctico. 

 También Rincón opina que «la ley está hecha desde un punto de vista muy politizado y sectario» y recalca que «hay que castigar el abandono, venga de quien venga». 

La experta en derecho animal manifiesta la importancia de tener claro que todos son animales, sin distinciones, por lo que dice que «no tiene sentido» dejar a unos al margen, como los de la caza o pastoreo. «No podemos penalizar a los que trabajan», sentencia no sin antes recordar que el origen de la normativa está en la reforma del Código Civil, que los calificó como «animales sintientes». «Ya no son cosas y el que quiera uno está obligado a protegerlo», añade. 

En este sentido, los veterinarios insisten en que tener una mascota no es un derecho y tampoco una obligación, pero sí que es imperativo cuidarla una vez que se tiene una. 

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