La conflictividad laboral está al alza en Aragón. Tras dos años marcados por la pandemia, las disputas entre trabajadores y empresarios han crecido en 2022, sobre todo las de tipo colectivo. El principal detonante no es otro que la inflación desbocada generada por una crisis energética que tiene su origen en la invasión de Ucrania por parte de las tropas de la Rusia de Putin.
La escalada de los precios entorpece y dificulta enormemente la negociación entre ambas partes a la hora de llegar a acuerdos que trasladen a los salarios la fuerte subida que ha experimentado el coste de la vida.
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) es testigo de esa mayor tensión, según un informe del organismo al que ha tenido acceso este diario. En lo que va de año (hasta el pasado 26 de octubre) ha recibido 128 expedientes colectivos, un 25,5% más que en el mismo periodo del pasado año y un 30% por encima de la cifra registrada en las mismas fechas de 2019, el ejercicio previo de la pandemia.
Las reclamaciones individuales, sin embargo, no han crecido de forma muy significativa a pesar del contexto adverso que se ha creado. Trabajadores y sindicatos han presentado al organismo 6.911 peticiones de mediación, lo que representa un leve incremento del 3,7% respecto a 2021, que a su vez supusieron una subida del 15,5% en relación a los registrados en idéntico período de 2020. En comparación a 2019, el año previo al estallido de la crisis del coronavirus, se produce un descenso de dos décimas.
En conjunto, el SAMA ha realizado en los casi diez primeros meses del año un total de 7.039 mediaciones, un 4% más respecto a las 6.766 que hizo en 2021 y un volumen de actividad muy similar al de 2019 (7.025), lo que pone también de manifiesto que la reforma laboral que entró en vigor el pasado 30 de marzo no ha motivado una incremento de los litigios extrajudiciales.
Las cifras, de hecho, quedan lejos del récord de 2013 (8.821 expedientes), aunque también de los 4.500 de los años anteriores a la Gran Recesión de 2008.
Los conflictos colectivos constituyen una pieza clave en la actividad del SAMA por su trascendencia social y económica, aunque en términos porcentuales representen menos del 2% de los expedientes gestionados. El mayor número de los expedientes de esta naturaleza se debió a bloqueos en la negociación colectiva, que se dieron en 75 de las 126 intervenciones que tuvo que realizar este servicio de mediación. Otras 29 fueron por convocatorias de huelga.
Alta tasa de acuerdos
"Debemos destacar, en primer lugar, el elevado porcentaje de mediaciones finalizadas con acuerdo entre las partes", destaca Soledad de la Puente, directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón al hacer balance de la gestión del SAMA.
En el caso de los procesos de conciliación abiertos por despidos individuales, los pactos alcanzan una tasa del 77,2% en 2022, casi cinco puntos más que en 2021 (72,3%). En el caso de las mediaciones colectivas por huelgas y otros conflictos laborales, la proporción se sitúa en el 68,9%, muy por encima de la cifra anotada en el ejercicio anterior (54,29%).
La elevada efectividad que tiene este organismo no ha servido para la disputa laboral de los autobuses urbanos de Zaragoza, donde la dirección y el comité siguen sin ponerse de acuerdo para renovar el convenio colectivo tras casi 650 días de conflicto.
En todos los años el mayor número de mediaciones individuales responde a despidos (el 84% del total), cuyo incremento se cifra este año respecto al anterior en un 3,12%. Igualmente, los principales motivos que alegan las empresas para echar a sus trabajadores son de tipo disciplinario. En concreto, bajo este epígrafe se han tramitado 3.039 casos. Le siguen las causas objetivas (1.523) y las de finalización del contrato (311). En otros 366 despidos son verbales, algo que no es legal.
Afección pandémica
Al analizar el volumen de demandas presentadas ante el SAMA en 2022 en comparación con los datos correspondientes a los períodos 1 de enero a 26 de octubre de los tres años anteriores, desde la Dirección General de Trabajo destacan que se debe tener presente que durante 2020 y 2021, si bien el registro de las mismas no se vio alterado por la declaración del estado de alarma, ya que existía un procedimiento electrónico para ello, "sí afectaron a la celebración de las mediaciones las sucesivas olas pandémicas sufridas".
No obstante, recuerdan que "con la finalidad de terminar lo antes posible con esta anomalía y aun estando todavía los procedimientos suspendidos", el patronato del organismo acordó reiniciar las celebraciones presenciales el día 18 de mayo de 2020, siempre con las debidas medidas de seguridad, que garantizaran la salud de los usuarios y personas trabajadoras.
Estas circunstancias, al suponer la paralización de las mediaciones durante días, al tiempo que se seguían registrando nuevas demandas, distorsionan la comparativa de los datos, especialmente respecto al primer año de la pandemia, puesto que la recuperación del ritmo ordinario de actividad no se logró hasta agosto de ese año. De hecho, en los meses de junio y julio de aquel fatídico ejercicio se concentraron el 40% de las mediaciones del primer semestre.
El SAMA es un organismo creado por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO y financiado por el Ejecutivo autonómico que, además de ayudar a las partes a encontrar soluciones, representa un significativo ahorro de costes en materia de judicialización.
