Aragón registra 29 solicitudes de eutanasia pero solo 7 se han realizado

La ley de eutanasia cerrará en 2022 su primer año natural completo con el texto vigor. Tras un arranque complicado, más allá de la polémica, su aplicación sigue con paso firme.

Los números en Aragón demuestran que la sociedad poco a poco va siendo consciente de cómo funciona esta ley. Así, desde su puesta en marcha en junio de 2021, 29 personas han solicitado el suicidio asistido en la comunidad. En este mismo margen de tiempo, se han llevado a cabo siete prestaciones de ayuda para morir y diez de los pacientes han muerto durante el proceso, algo que para las organizaciones demuestra que esas personas no necesitaban la eutanasia, sino una sedación terminal. Solamente diez prestaciones fueron denegadas. En la actualidad, hay un paciente pendiente de recibir la eutanasia, mientras que la última solicitud sigue en proceso. 

José Luis Trasobares, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente Aragón, admite que la ley sigue inmersa en sus primeros pasos, «por lo que tiene que seguir desarrollándose en la práctica». Entrando en el caso de su comunidad, Trasobares considera que Aragón se encuentra en «un punto intermedio» respecto a la correcta aplicación de la ley. ¿Quién está por encima? «Cataluña, País Vasco y Navarra han demostrado hasta ahora ser más eficientes a la hora de estudiar los casos y dar una respuesta correcta a sus pacientes».

La eutanasia: por el fin de las polémicas

«El problema en Aragón no son las solicitudes, porque no son muchas, sino que los trámites van muy despacio», lamenta el presidente de Derecho a Morir Dignamente, que admite que sus previsiones se alejan mucho de la realidad que hoy reflejan las estadísticas: «Nos basamos en su día en la línea que se podía ver en Países Bajos, una de las sociedad más avanzadas respecto a este tema». 

La tramitación es el problema que, para Trasobares, se debe corregir en primer lugar: «No puede ser que una persona tarde en conocer de 30 a 45 días su destino». De hecho, la decena de pacientes que han fallecido a la espera de una respuesta son prueba de ello, aunque también de las dificultades de la ciudadanía para comprender realmente cuándo solicitar la eutanasia: «Estos casos responden a enfermos terminales, que en lugar de necesitar un proceso como la eutanasia necesitan de una sedación terminal, que les permita vivir sus últimos días con el menor dolor posible». 

Más educación

El objetivo a corto plazo en la organización es conseguir que las instituciones públicas les ayuden a realizar una labor pedagógica en la sociedad. «Es importante hacer comprender a todo el mundo que la eutanasia, la sedación terminal y los cuidados paliativos no son la misma práctica con diferente nombre». 

Dada esta situación, Trasobares asegura que se puede percibir el nacimiento de «un debate falso que intenta enfrentar a la eutanasia con los cuidados paliativos, cuando son dos prácticas sanitarias muy distintas y para pacientes que necesitan unos tratamientos muy diferentes». «Tenemos que hacer entender que la eutanasia está dirigida a personas que tienen perspectiva de vida pero con mucho sufrimiento, sin calidad; mientras que la sedación terminal es evitar el dolor a una persona que está a punto de morir», resume, a grandes rasgos, el presidente de Derecho a Morir Dignamente en Aragón. 

Unas explicaciones que Trasobares pide que se trasladen hasta los profesionales médicos, que en ocasiones también están confundidos. «El sistema tiene que hacer pedagogía también con los profesionales encargados de cuidar a la gente, porque su papel es fundamental para todos nosotros».

Como casi todo en la vida, la mejor aplicación es cuestión de tiempo: «Estamos tranquilos, paulatinamente todo irá avanzando».

En este particular aniversario de la ley de eutanasia, en Derecho a Morir Dignamente se muestran «satisfechos» por su aplicación pero desean para el futuro más próximo «que el espíritu real de la ley llegue a toda la sociedad». 

Ante el anuncio del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que su partido derogaría la ley en el caso de llegar al Gobierno Central. «Sería una desgracia acabar con esta ley», asegura Trasobares, que defiende que «todas las leyes que reconocen derechos individuales afectan a todos los miembros de la sociedad». «Creemos que esto sería un paso atrás absurdo e ilógico», termina. 

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